BRUSELAS APUESTA POR COORDINAR MEJOR EL CONTROL DEL TRAFICO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS TRAS UNA INICIATIVA DE EAJ-PNV

Ayer por la mañana recibimos una buena noticia. La Comisión Europea ha decidido activar las competencias de le otorga el nuevo reglamento sobre transporte de residuos para intensificar la coordinación entre las autoridades competentes en España y Francia tras tener conocimiento, a través de una pregunta que presentamos en enero del negocio que supone el traslado de residuos sin tratar entre ambos países. La diferencia de costes de tratamiento a uno y otro lado de la frontera anima a algunas instancias del país vecino a camuflar residuos sin tratar en camiones que los depositan luego en vertederos del estado español sin que oficialmente haya constancia de que sean efectivamente sometidos a los tratamientos que legalmente deben aplicarse.

Este fraude, al parecer tan frecuente como lucrativo es un indicador de lo importante que es la coordinación y la aplicación eficiente del nuevo reglamento sobre traslado de residuos. Aunque el control está en manos de los estados miembros, cuando se producen este tipo de incidentes transnacionales hay que estrechar la coordinación y las inspecciones y las sanciones. Aplicarse con el mismo celo en toda la Unión es bueno para el medio ambiente y puede ayudar a corregir disfunciones en el mercado interior y en la fiscalidad que se aplica al reciclado de residuos que están en el origen de este problema. Estamos ante un fraude de ley, un negocio corrupto y una amenaza contra el medio ambiente que abordaremos mejor con esta coordinación europea.

En esta línea se pronuncia igualmente la Comisión Europea. En su respuesta, el ejecutivo comunitario señala el origen de sus competencias para intervenir en este asunto en el nuevo Reglamento de la UE sobre traslados de residuos. Esta norma legal “establece un grupo de control de la conformidad de los traslados de residuos de la UE para seguir intensificando la cooperación entre las autoridades medioambientales, aduaneras, policiales y otras autoridades nacionales de inspección pertinentes, así como con las redes policiales internacionales y de la UE”. Además “faculta a la Comisión, a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, para apoyar las investigaciones transnacionales de los Estados miembros sobre el tráfico de residuos”. En tercer lugar, subraya Bruselas, “refuerza las normas sobre inspecciones y sanciones contra los traslados ilícitos de residuos”. A juicio del ejecutivo comunitario, la existencia de criterios comunes para determinar los tipos y niveles de sanciones aplicables a las infracciones “hará que sean más disuasorias y se apliquen de manera coherente en toda la UE. La aplicación por parte de las autoridades nacionales es esencial para garantizar la eficacia de las normas de la UE”.

Nuestra pregunta se hacía eco del resultado de varias operaciones policiales que permitieron destapar este tráfico irregular. En la pregunta parlamentaria se recordaba que tras la puesta en marcha de controles aleatorios sobre camiones de transporte de residuos que circulan en Francia con dirección a España se había comprobado que “uno de cada tres comete irregularidades graves o muy graves”. El modus operandi más frecuente consiste en “ocultar con residuos tratados y legalmente transportables otros que deberían haber sido procesados en el estado de origen.

El «negocio» que anima estas prácticas, estriba en que el coste del tratamiento en España es seis veces inferior al que se paga en Francia, lo que proporciona grandes beneficios a las empresas que realizan estos portes en vez de recoger y tratar los residuos en origen. Esta forma de proceder propicia que acaben enterrados en los vertederos de destino, sin tratar, productos muy contaminantes. Aunque el control final de este proceso corresponde a las autoridades nacionales el carácter transfronterizo de este «negocio» anima a una intervención comunitaria.

Sobre esa base en mi iniciativa parlamentaria me interesaba por el seguimiento que ha realizado la Comisión sobre estas prácticas y el margen de que dispone para estimular una mejor cooperación entre los Estados miembros para erradicarlas. También preguntaba si podría modificarse la legislación para evitarlas.

La Comisión afirma en su respuesta que no tenía conocimiento del asunto por lo que no ha tomado medidas concretas al respecto, “pero se pondrá en contacto con las autoridades competentes de los Estados miembros interesados”.

El ejecutivo comunitario destaca que la lucha  contra el tráfico de residuos “es una prioridad de la política general de la UE contra la delincuencia organizada y la protección del medio ambiente, incluida la nueva Directiva sobre delitos contra el medio ambiente. Para conseguirlo se arbitran medidas destinadas a “mejorar la cooperación entre los organismos de ejecución de los Estados miembros, así como con la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, Europol y organizaciones internacionales”. La UE también facilita cuantiosas ayudas financieras a proyectos operativos “que se ocupan directamente del tráfico de residuos, centrándose en determinados flujos de aquellos, tales como los residuos plásticos o los residuos electrónicos, así como en la coordinación con terceros países.

 

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