TENEMOS QUE MEJORAR LAS RENTAS AGRARIAS PORQUE LAS EXPLOTACIONES VIABLES SON LA BASE DE LA SOSTENIBILIDAD
Una de las cosas que más positivamente me llamaron la atención cuando, hace quince años, llegue aquí, fue la facilidad con que cuestiones de rabiosa actualidad se abrían paso en los órdenes del día. La semana pasada una impresionante manifestación de tractores altero por completo la vida ciudadana en Bruselas y, por qué no decirlo, vivimos algunos episodios de violencia que deberían haberse evitado. Una semana después las causas de este clamor, que ha arraigado con “tractoradas” similares en varios estados europeos ha centrado uno de los debates más importantes de nuestra primera sesión plenaria en este atípico febrero legislativo.
No me ha gustado que la presidenta Von der Leyen no haya estado en el debate, tras retirar una polémica propuesta sobre pesticidas. La rapidez con que se ha tomado la medida hace sospechar que en la propia comisión no las tenían todas consigo sobre la solidez de una propuesta que, como suele ocurrir en el mundo pesquero parecía pecar de ese ambientalismo de salón, de titular, “Limitar el uso de pesticidas al 50% para 2030” que prescinde a menudo del contacto con el terreno y una relación realista con el “cómo”.
Si mal ha estado la ausencia de la presidenta, que venía de lanzar una propuesta de diálogo estratégico con el sector, realmente impresentable ha sido la ausencia del comisario de agricultura Janusz Wojciechowski, un ex ministro polaco bastante más de derechas que el núcleo duro del PPE europeo. Toda la extrema derecha empezando por el inefable vox-cero de la ultraderecha hispana Jorge Buixadé ha alardeado de las fotos que se sacan ellos y sus líderes con “los agricultores”, aunque esté más que claro que sus políticas benefician objetivamente más a la gran industria agroalimentaria que a los productores sobre el terreno. Su verborrea negacionista está realmente lejos de lo que necesita la situación. De su boca no han partido más que descalificaciones para una Unión que dedica cerca de la mitad de sus recursos a financiar la política agraria común. Si la situación de los agricultores europeos hoy es complicada, sin la Unión y sus políticas sería simplemente desesperadas. Por eso mi primer interés es recordar a estos personajes esa realidad.
En cuanto a las consecuencias prácticas del debate se ha dibujado con claridad tanto la necesidad de reconducir algunos aspectos de la política agraria común como el deseo de los negacionistas climáticos, especialmente fuerzas de extrema derecha por aprovechar la coyuntura para arremeter contra el pacto verde europeo. En todo caso si alguna conclusión ha salido del debate es la necesidad de escuchar más al sector y prestar especial atención a las importaciones de productos agro-alimentarios que no cumplen con los estándares europeos y compiten de manera desleal con las producciones de la Unión. Esas medidas hay que implementarlas en la política comunitaria de acuerdos comerciales con terceros paises.
No me ha gustado tampoco la administración de los tiempos que ha realizado durante la segunda parte del debate la vicepresidenta que moderaba la sesión, la socialista italiana Pina Picierno. Nos había asegurado que todos los que habíamos pedido la palabra íbamos a poder intervenir, pero una administración muy mejorable de los tiempos y las “tarjetas azules” un recurso que permite a un diputado interpelar sobre la marcha al que está en el uso de la palabra me ha impedido trasladar mi punto de vista al pleno. Por eso, como en otras ocasiones en las que he padecido la misma arbitrariedad he decidido contar aquí lo que quería decir. Estos son los principios que han guiado mi actuación y la seguirán inspirando hasta que me marche, en julio, del Parlamento europeo.
Yo creo que la primera obligación para resolver la crisis que vive la agricultura europea es mejorar la renta de los productores porque es injusta la diferencia entre los precios que cobran por sus productos y los que pagamos por ellos en el mercado. Sin explotaciones rentables no hay agricultura social ni ambientalmente sostenible. Coincido en eso con el mensaje que el Presidente del sindicato ENBA, Iñaki Goenaga, lanzaba este fin de semana en Oñate. Igualmente he insistido en otro clásico de nuestra forma de ver las cosas: aplicar las políticas ambientales de la mano del sector, no contra el sector. También he recordado otra obviedad que a veces impulsa discursos sobre el mundo rural que indignan, con bastante razón añado yo, a quienes viven en él. El mundo urbano no puede dar lecciones sobre sostenibilidad al campo mientras no impulse cambios en su movilidad y hábitos de consumo con el mismo rigor e intensidad que pedimos al medio rural.
Creo que la muy negativa coyuntura generada por el COVID y la guerra de Ucrania, con la paralización del consumo, las constantes subidas de los precios de la energía y de insumos básicos para el sector, además del impacto de las importaciones de productos ucranianos, es la causa próxima de los problemas que están detrás de las protestas de los agricultores. Pero tratando de resolver estos asuntos hay que reconocer y abordar en este proceso de diálogo que se abre, otros estructurales como las consecuencias del cambio climático y los costes de la transición verde que solo podemos abordar de la mano del sector.
Para dar respuesta a ambas circunstancias, la coyuntura y los desafíos a más largo plazo la primera obligación es mejorar la posición que ocupan hoy los productores en la cadena de valor porque es injusta la diferencia que hay entre los precios que cobran por sus productos y los que pagamos en el mercado. Mientras la parte del león de ese valor añadido no se quede en el campo, seguiremos con problemas. Las rentas de los agricultores no pueden pagar todas las facturas. Y si lo hacen acabará la actividad. No habrá sostenibilidad ambiental, ni social, sin rentabilidad económica de las explotaciones y vidas dignas para los agricultores. Ellos son los primeros interesados en alcanzar este triple objetivo.
Para mejorar las rentas agrarias tenemnos herramientas disponibles, pero deben aplicarse con rigor. Entre ellas la ley de cadena alimentaria que prohíbe comprar productos agrarios por debajo del coste de producción. Pero además hay que evaluar permanentemente la política agraria y su aplicación escuchando y empoderando al socio fundamental para la transición hacia prácticas más sostenibles, el productor. Este dialogo estructurado y permanente permitirá primar la digitalización y la tecnología sobre la ideología, apostar por el emprendimiento social o las explotaciones familiares, o simplificar los complejos trámites de la PAC. Y garantizar que nuestros acuerdos comerciales no permitan la entrada en nuestro mercado de productos que no cumplen nuestras normas de producción.
Para concluir no puedo sino señalar otra realidad que molesta mucho a las personas que viven en el mundo rural. Que alimenta la imagen que a veces se maneja sobre ellos y sus problemas. Los urbanitas tenemos demasiadas asignaturas pendientes en materia de sostenibilidad como para dar lecciones a nadie sobre naturaleza y medio ambiente. Tenemos que impulsar, también sobre el asfalto, un cambio profundo en algunos de nuestros hábitos de consumo y movilidad. Hay que adoptar actitudes y exigirnos esfuerzos como los que pedimos al campo. Con el mismo rigor. Porque esta transición ecológica, climática, hacia la sostenibilidad, empieza por uno mismo.
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