INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL DEFENDEREMOS JUNTOS LA PRESENCIA DE LAS LENGUAS MINORIZADAS EN LAS PLATAFORMAS EUROPEAS
Esta semana hemos cerrado en Estrasburgo un circulo que comenzamos a dibujar en 2013. El miércoles presentamos en rueda de prensa y el jueves en el intergrupo de minorías a un informe, elaborado por el doctor Dr. Vicent Climent-Ferrando, de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona y de la cátedra de la UNESCO para el multilingüismo. El trabajo evalúa la actitud y políticas desplegadas desde las instituciones comunitarias para proteger y fomentar el uso de estas lenguas minorizadas diez años después de que recibiesen en el llamado “Informe Alfonsi” un mandato muy mayoritario desde el Parlamento Europeo para mejorar su trabajo en este ámbito.
La investigación ha sido financiada, por el grupo Renew Europe en el que me integro y por los grupos en los que participan Diana Riba i Giner, Rasmus Andresen, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Tatjana Zdanoka, y el propio François Alfonsi, ponente del informe del que parte el estudio.
Los resultados del estudio realizado por el especialista de la UNESCO certifican algo que hemos ido poniendo de manifiesto todos estos años: las instituciones comunitarias a efectos simbólicos si admiten que estas lenguas forman parte de la diversidad europea. Pero en los aspectos prácticos discriminan completamente a las personas que las hablan o se forman en ellas.
Acceso al texto completo del informe.
Para empezar, las lenguas regionales o minorizadas no aparecen como factor positivo para la comunicaciòn, la formaciòn o el empleo en las iniciativas europeas más importantes como Jóvenes en Movimiento, Agenda Digital para Europa o la agenda para nuevas habilidades y empleos. Tampoco en plataformas de servicios que dependen de la Comisión y son fundamentales para los programas de intercambio. Entre ellas podrían citarse la OLS, la aplicación Europass, que ofrece plantillas para elaborar currículos homogéneos y reconocibles en toda Europa, programas de traducción automática, y otros servicios similares que ignoran por completo que millones de estudiantes se forman en esas lenguas, que sistemas educativos las utilizan como lengua vehicular y que se emiten titulaciones en ellas.
Vicent Climent i Ferrando en la presentación de la investigación ante el intergrupo de minorías junto a los copresidentes Kinga Gáal y Francois Alfonsi.
La omisión afecta igualmente al programa Erasmus Plus e induce a error a muchos estudiantes que siguen programas de intercambio en Galicia, Cataluña, Baleares, Valencia o Euskadi y se encuentran en la calle y en las aulas con una realidad completamente ajena a la que se les describió y para las que se les preparó desde estas plataformas. En febrero tuvimos en el intergrupo a representantes de los sistemas educativos de estas nacionalidades que compartieron anécdotas que rozaban el esperpento. Todos ellos vinieron a denunciar el problema que genera la ausencia de estas lenguas en la plataforma OLS del que ya nos ocupamos en iniciativas conjuntas aquí y en el senado. Como veis en la respuesta que obtuvimos, las autoridades estatales parecen no poner ningún problema y dicen estar dispuestas a impulsar una solución.
Todos sistemas educativos disponen de materiales digitales que se pueden integrar de inmediato en estas plataformas, que no suponen coste añadido alguno a su funcionamiento y que, en su caso, estas administraciones están dispuestas a asumir. Unos fantasmagóricos “problemas técnicos” son al parecer ahora la causa de que estas plataformas sean perfectamente inútiles para las decenas de millones de jóvenes que estudian en estas lenguas o participan en programas de intercambio con estos sistemas educativos. Esta comparecencia nos animó a volver a insistir frente a la Comisión porque su actitud es ya directamente inexplicable. A ver que nos contestan esta vez.
Por eso celebro que las personas que hemos participado en la financiación de este informe, el autor del mismo y varias instituciones educativas y representativas estemos trabajando para constituir una alianza entre instituciones y sociedad civil para reparar la discriminación a las que las instituciones comunitarias someten en sus plataformas lingüísticas a los hablantes, estudiantes y sistemas educativos que forman y emiten titulaciones en lenguas minorizadas. Todos compartimos que este comportamiento es contrario al artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales . Es igualmente evidente que esta discriminaciòn se produce por actos y decisiones adoptadas por la Comisión en el ámbito de sus funciones y competencias. Tambièn como he comentado antes que no pueden escudarse en razones económicas, administrativas ni organizativas para persistir en el error. Esta realidad que la investigaciòn de Vicent Climent demuestra de forma palmaria nos abre muchos caminos desde la Comisión de Peticiones al Ombudsman europeo. Y ya pueden tomar nota en la comisión de que vamos a utilizarlas todas y además a lomos de un movimiento con potentes argumentos jurídicos, fácticos, políticos y con enorme apoyo social que no descansará hasta revertir esta situación.
Es lamentable que diez años después de que el Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría aprobase el informe Alfonsi apostando por una protección activa de las lenguas minoritarias o regionales, también a nivel comunitario, las instituciones comunitarias cosechen un suspenso tan clamoroso en sus responsabilidades al respecto. La Unión admite que estas lenguas forman parte de la diversidad que nos une, pero solo a efectos simbólicos. En cambio, en todas las actuaciones que desarrolla la comisión en las que se ponen las leguas en valor como instrumento de comunicación e intercambio, las lenguas regionales o minorizadas desaparecen
Las instituciones europeas no pueden escudarse que promocionar estas lenguas es competencia de los estados miembros porque no es verdad. Y menos aún ejercer esta discriminación en herramientas que son de su competencia. Las instituciones europeas no pueden ignorar que algunas de estas lenguas son oficiales en territorios de la Unión. No puede ignorar que millones de estudiantes las utilizan como lengua vehicular. No pueden olvidar que hay sistemas educativos que forman y emiten titulaciones en esas lenguas. Sin embargo, han optado por no incluirlas en ninguno de los soportes en los que deberían estar: la plataforma OLS, el Europass, las herramientas de traducción, las opciones de los programas de intercambio como el Erasmus +…mientras que lenguas ajenas a la propia UE si están allí.
Este comportamiento, en el ámbito de competencias que ostenta la comisión discrimina a millones de personas por razón de lengua y pertenencia a una minoría nacional. Es frontalmente incompatible con el artículo 21 de la Carta de derechos fundamentales que literalmente prohíbe “toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. Por eso celebro que el trabajo, elaborado por Vicent Climent, ofrezca datos y argumentos más que suficientes para poner en marcha una alianza con otros diputados y un trabajo con la sociedad civil afectada, ya concienciada y movilizada, para resolver este problema. Me comprometo a impulsarlo hasta alcanzar este objetivo.
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