EL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE DERECHO DEBE COMBATIR EL BLANQUEAMIENTO DE LA EXTREMA DERECHA

| 19 octubre 2022 | Responder

El Parlamento Europeo ha acogido hoy un debate sobre el blanqueamiento en toda Europa de las ideas antidemocráticas que propugnan varias fuerzas de ultraderecha que van progresando en distintos estados miembros. En todas ellas emerge como factor común las referencias que encuentran, evocan y elogian en regímenes totalitarios de ultraderecha. Todos ellos protagonizaron crímenes de lesa humanidad en suelo europeo en el siglo pasado. Referencias a líderes como Hitler, Mussolini o Franco, conductas de blanqueamiento, glorificación de la dictadura de Franco y falseamiento de la historia como las que Vox practica en España y Europa forman parte de los recursos con que estas organizaciones construyen sus discursos.

Hay muchos factores que contribuyen a esta normalización. El primero es la adopción de parte del discurso fascista por partidos centrales en el sistema. Si eso cuaja en pactos de gobierno, como el que vincula a VOX y el PP en castilla León, el círculo se cierra. Pero hay otros factores que hay que trabajar. Uno de ellos, muy importante es el uso de la amnesia selectiva que tantos réditos ha producido a la derecha más ultramontana y, por qué no decirlo a la extrema izquierda.,

Por eso hoy he planteado en  Estrasburgo que el informe anual que realizan las autoridades comunitarias sobre la calidad del estado de derecho en la UE denuncie y actúe contra las conductas que contribuyen a blanquear a las fuerzas de ultraderecha. La normalización de estas ideologías antidemocráticas se facilita cuando las políticas de memoria no cumplen los estándares europeos.

La extrema derecha europea vive de la ponzoña que difunde en las redes sociales, el miedo que induce la incertidumbre, que maneja y manipula y de la falsificación de la historia. Si esto se combina, como ocurre en el estado, con la impunidad que impide investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por dictaduras como la de Franco el problema se acrecienta.

Este tipo de amnesia interesada afecta a todo tipo de organizaciones con pasados poco presentables. En Euskadi además de los nostálgicos del franquismo la practican, para que quede claro, organizaciones políticas de la izquierda abertzale. Vimos como alentaron hace unos pocos años asesinatos, atentados y extorsiones terroristas. Vemos hoy cómo resisten hoy a asumir que lo hicieron, pedir perdón y reconocer el daño causado.

Evitar que regrese el pasado más oscuro requiere verdad, justicia y reparación. Estas amnesias interesadas se retroalimentan. Convertirlas en espectáculo en la tribuna mediática las blanquea. Y distinguir entre amnesias buenas y malas califica a quién práctica ese juego. Y esa es una responsabilidad que deben asumir los medios de comunicación, muchos de los cuales lo mismo aplauden la excarcelación del general Galindo, condenado por participar en el asesinato a sangre fría de Lasa y Zabala cuando estaban detenidos por sus tropas, que condenan con la contundencia más barroca un “ongi etorri”.  Luego se extrañan de que su credibilidad quede por los suelos en lo que respecta a los valores que dicen defender.

Con estos argumentos como base he propuesto que el informe anual sobre estado de derecho en la Unión preste más atención a este tema. Las políticas de memoria son cosa de los estados miembros, ha dicho, pero los principios que la inspiran son una cuestión europea. Cuando se vulneran hay que denunciarlo y actuar.

El Parlamento europeo se ha pronunciado ya en esta línea en varias ocasiones, aprobando resoluciones e incluso provocando pronunciamientos de sus máximas autoridades. Así, el Presidente Sassoli, fallecido el pasado mes de diciembre cuando aún ocupaba su cargo se pronunció sobre una de estas conductas de blanqueamiento. El político italiano incluyó una dura crítica a VOX en la carta con que respondió a una solicitud del grupo de Memoria sobre una publicación apoyada por el grupo parlamentario ERC en la que se afirmaba que el gobierno de la república española había “destruido la democracia y las libertades”. En otras resoluciones de 2019 y 2016 existen igualmente claros pronunciamientos contra este tipo de conductas e incluso un mandato expreso a los estados miembros para que investiguen los crímenes cometidos por las dictaduras que los oprimieron durante el siglo pasado.

 

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