HACIA UNA LEGISLACION EUROPEA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS MINORIAS

| 6 febrero 2020 | Responder

Rueda de prensa en la que presentamos los resultados de esta primera reunión con la Comisión Europea sobre la iniciativa Minority Safe pack

Esta mañana se ha producido un hito en el camino de siete años que lleva recorrida la iniciativa ciudadana europea conocida como Minority Safe Pack. Hoy sus promotores se han reunido con la Comisaria de Cultura Marya Gabriel y la Vicepresidenta responsable del área de Valores y Trasparencia Vera Jourova.. Tras conseguir 1.200.000 firmas y registrar la iniciativa esta reunión de alto nivel es el primer paso para que la Comisión Europea decida sobre sus contenidos y lance, o no, una iniciativa legislativa relacionada con el asunto que planteamos.

Con el Minority Safe Pack pretendemos que una legislación europea vinculante proteja los derechos de las minorías tradicionales europeas, sus culturas y sus lenguas. Es una medida necesaria, porque, aunque hay una serie de instrumentos, como cartas, convenios y principios y valores incorporados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, las competencias de ejecución están en manos de los estados miembros. Estos, aunque hayan firmado esas cartas y declaraciones no tienen con sus contenidos el mismo grado de compromiso que el que tendrían con una directiva o un reglamento.

Como recordaréis nosotros nos implicamos de pleno en la promoción de esta iniciativa y en la recogida de firmas para apoyarla. Organizamos un proceso de recogida de firmas en Euskadi que fue clave para que se superara el número mínimo de firmas que permitió reconocer las recogidas en el estado español. Fue un trabajo colaborativo que luego, como nos contó el esta legislatura ya eurodiputado Lorant Vincze, que compatibiliza esta responsabilidad con la presidencia del FUEN, el órgano promotor de la iniciativa, se tomó como modelo para activar las recogidas de firmas en otros estados miembros. En consecuencia, he querido compartir con vosotros este paso que espero alumbre, definitivamente, un marco legal europeo como el que, sin duda, necesitamos miembros de minorías.

Los problemas, dada esta situación, menudean. Y los cerca de cincuenta millones de europeos que nos sentimos miembros de una nación tradicional europea, tenga o no tenga estado, pedimos estas garantías. Hay situaciones muy diferentes, pero en todos los casos se producen problemas que hay que resolver. No es igual nuestro caso, una nación europea sin estado, que el caso que representa por ejemplo Lorant Vinzce, un miembro de la minoría húngara que vive en Rumanía. La Comisión hasta ahora ha sido absolutamente reacia a entrar en este tema, muy sensible en algunos estados que tienen una concepción realmente curiosa de la diversidad. Y la respuesta recibida por este grupo ha sido esperanzadora. En primer lugar, habrá una audiencia pública, una especie de conferencia para reunir expertos en esta materia y recoger sus aportaciones. La segunda es que antes de junio la Comisión decidirá si inicia o no un proceso legislativo sobre la defensa de los derechos de estas minorías.

Los promotores les han recordado a ambas responsables comunitarias que defender la diversidad e incluir en ella estas minorías es obligatorio si nos creemos que la diversidad es uno de los valores en los que se fundamenta la unión, cuyo lema es “unidos en la diversidad”. La segunda que este movimiento fortalecerá el estado de derecho en toda Europa porque, aunque no a nivel europeo, si existen leyes a nivel estatal cuyo cumplimiento en muchos estados deja mucho que desear. Un problema que podría mejorar si un marco europeo establece unos mínimos obligatorios que todo el mundo debe respetar. La tercera es que este proceso es una oportunidad para que la ciudadanía compruebe que el esfuerzo que se le exige para poner en pie este tipo de iniciativas tiene sentido y lanza un proceso legislativo. Finalmente, una norma europea centrada en este tema contribuirá a proteger el patrimonio cultural de la Unión.

Y es que con la diversidad y lo que comprende, abarca y significa tenemos un gran problema. Muchos estados se perciben a sí mismos como parte de la diversidad europea, con toda la razón, pero no comprenden ni gestionan adecuadamente la que tienen en su interior. España y su reiterada resistencia a abordar un debate moderno sobre su plurinacionalidad es un ejemplo de esta actitud. Si a ello sumamos que al margen de la política a algunos poderes del estado como en España por ejemplo, la cúpula del poder judicial ni está ni se le espera en estas “extravagancias” europeas de la diversidad y el respeto a identidades nacionales ajenas a la “fetén”, se completa el cuadro y se comprende mejor la necesidad de esta iniciativa.

La iniciativa Ciudadana Europea es uno de los recursos de que dispone la ciudadanía europea para participar en el proceso de decisión de las instituciones europeas. A grandes rasgos permite que una plataforma de ciudadanos proponga a la Comisión europea que inicie un procedimiento legislativo sobre algún tema que puede entrar en el ámbito de competencias de las instituciones de la Unión. Los promotores deben obtener al menos un millón de firmas en los países de la Unión y para que sean contabilizadas estado a estado deben superar, en cada uno de ellos, un número mínimo de firmas que se establecieron de acuerdo con su población. Los parlamentos de cada estado miembro se ocupan después de acreditar que las firmas recogidas son auténticas y no se han producido fraudes en su proceso de recogida.

Nosotros nos implicamos en la redacción de la directiva que regula este procedimiento y en su primera reforma y abogamos porque las plataformas ciudadanas pudieran contar, en la organización de los procesos de recogida de firmas, con la colaboración de las instituciones más próximas a la ciudadanía, como lo son las regionales o municipales. Lo hicimos por dos razones. La primera es que esta ayuda vendría muy bien a los promotores que, de acuerdo con la directiva, deben proveerse de una organización y una logística que suele estar fuera del alcance de los particulares. la segunda es porque en estas instituciones se pueden albergar y propiciar debates sobre los temas que plantean las iniciativas, propiciar a colocarlos en la agenda pública y facilitar la recogida de firmas. la tercera es que pensábamos que así se abría otro muy necesario camino para propiciar la participación local y regional en los procesos de decisión de la Unión.

 

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