NUEVE EURODIPUTADOS PEDIMOS A BRUSELAS QUE VIGILE VULNERACIONES DE LEYES COMUNITARIAS EN EL “CASO ALSASUA”

Un momento de la rueda de prensa celebrada la pasada semana en Bruselas sobre el “Caso Alsasua”

Esta misma mañana nueve eurodiputados que hemos seguido el proceso y la sentencia recaída sobre los jóvenes involucrados en el denominado “Caso Alsasua” hemos denunciado ante la Comisión Europea que las actuaciones de los instructores y el tribunal sentenciador incumplen varias directivas europeas y han dado origen a una sentencia que vulneran al menos siete artículos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Por estas razones queremos saber si la Comisión está dispuesta a, como se comprometió en su día el Vicepresidente Timmermans, al menos estudiar si esta actuación judicial es compatible con el ordenamiento comunitario.

Texto completo de la iniciativa

 Esta iniciativa parlamentaria ha sido suscrita por los eurodiputados Marina Albiol, Xabier Benito, Ana Miranda, Jordi Solé, Ramón Tremosa, Josep María Terricabras, Miguel Urban y Ernest Urtasun y yo misma. Da continuidad al apoyo que todos ofrecimos a los familiares de los condenados durante su visita de la pasada semana a Bruselas. En este grupo de apoyo está igualmente integrado el ex eurodiputado Josu Juaristi. En esta iniciativa recordamos que el Vice Presidente encargado de velar por la salud del estado de derecho y el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales recordó que esta Carta, incorporada en el tratado de Lisboa y ley en toda la UE, prohíbe la desproporción de las penas. Por eso anunció que se reservaba el derecho de intervenir en el caso en virtud de su papel como “Guardián de los tratados”.

Hoy tras una segunda decisión judicial que rechaza el recurso de los condenados y mantiene penas de hasta trece años de cárcel por unos hechos que, de acuerdo con la jurisprudencia no tienen parangón con otras agresiones a agentes de la autoridad de idénticas características y con consecuencias físicas mucho más graves, recordamos al Vicepresidente de la Comisión su compromiso. En la iniciativa informamos además que este proceder judicial ha dado origen a la manifestación de protesta más numerosa que se recuerda en la historia de Navarra, la del pasado domingo, y citamos varias normas comunitarias que el tribunal y los encargados de la instrucción habrían incumplido en el ejercicio de sus funciones.

En concreto consideramos en primer lugar los acusados “fueron privados de su derecho al juez natural” al aplicárseles una acusación de terrorismo que “no encaja en ninguno de los supuestos descritos en el título segundo de la directiva 2017/541 una de cuyas virtualidades es, precisamente, establecer una definición homogénea de terrorismo en todo el territorio de la unión. Además, denunciamos que instructor y tribunal no solo no impidieron, sino que propiciaron que los acusados fuesen reiteradamente presentados como culpables otro incumplimiento flagrante de los artículos 4 y 6 de la directiva 2016/343.

Finalmente detallamos que la inadmisión de pruebas durante la instrucción y la vista oral impidió la actividad probatoria a que tienen derecho las defensas de los acusados en un proceso penal y que están descritas en la directiva 2013/48. Todas estas circunstancias han dado origen a un proceso y una sentencia final que vulneran con claridad los artículos 4,8,20,21,47,48 y 49 de la Carta Europea de derechos Fundamentales.

Yo personalmente vuelvo a reiterar que en este caso no defiendo ningún tipo de impunidad. El lema de la manifestación del domingo en Alsasua fue “Justicia”. Podemos comparar esta sentencia con las impuestas en otros casos idénticos en la misma Navarra cuando ETA mataba. Podemos compararlas con sentencias sobre cientos de agresiones de este tipo en otros lugares del estado, protagonizadas por personas organizadas, que en mayor número y profiriendo explicitas amenazas de muerte han producido daños físicos mucho más graves. Y cuando lo hacemos comprobamos que las condenas recaídas en este caso no se sostienen. Para justificar estas condenas se ha considerado a la Guardia Civil “colectivo especialmente vulnerable”. Un instituto militar armado, con formación para afrontar el delito, con una corporación asentada en todo el territorio nada tiene que ver con las personas desprotegidas para las que se diseñó esta norma jurídica.

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