EL PARLAMENTO EUROPEO ABRE LA PUERTA A UNA MEDIACION EUROPEA PARA PROTEGER A LAS MINORIAS NACIONALES

Esta mañana he apoyado con enorme ilusión   un informe parlamentario que propone una legislación vinculante para proteger los derechos de las minorías nacionales en los ámbitos político, lingüístico, educativo e identitario. El documento, apoyado por amplia mayoría, NADA MENOS QUE 489 EURODIPUTADOS,  propone que esta protección sea uno de los contenidos básicos de un pacto en la Unión sobre democracia y Estado de Derecho y apuesta porque incluya un mecanismo de supervisión, lo que abre las puertas a un mecanismo de arbitraje como el que sugiere la Directiva de Claridad propuesta por el lehendakari Urkullu. Igualmente se opone a que, a través de la legislación electoral se pueda eliminar la expresión institucional de esta diversidad.

Ayer tuvimos a última hora de la noche el debate sobre este informe que considero un paso decisivo en defensa de los derechos de los millones de europeos discriminados por ser miembros de una minoría nacional. En mi intervención quise además poner los puntos sobre las “íes” para que quede bien claro a qué se refieren los líderes europeos cuando critican el “nacionalismo” como enemigo de la Unión. Porque este informe es una contribución clave y clarificadora. Los nacionalismos de los estados frenan muchas de las propuestas de integración europea. Pero además la dificultan también negando realidades nacionales tradicionales, atentando contra derechos fundamentales de sus miembros, impidiendo su representación institucional con legislaciones electorales excluyentes y generando así graves problemas territoriales que, aunque oficialmente se niegue, afectan de lleno a nuestra Unión. Mal puede contribuir a la Unión Europea aportando diversidad y sobre la base de la voluntaria adhesión a este proyecto quién no tiene resuelta por la misma vía su propia diversidad.

Nosotros que llevamos trabajando desde el comienzo en el proyecto europeo creímos en él porque consideró desde el principio la diversidad como una riqueza, su protección como un valor y su suma voluntaria una herramienta democrática frente a las visiones uniformistas que, en el caso español, por ejemplo, fueron uno de los detonantes del golpe de estado con el que franco se cargó la segunda república. Cualquiera que se lea las aportaciones jeltzales en los nuevos equipos internacionales o, mejor aún lea y relea “La causa del pueblo vasco” reconoce allí teorías políticas perfectamente de actualidad en nuestros días. Soluciones democráticas, posibles y pragmáticas para resolver problemas de minorías nacionales enquistados por esa visión exclusivista y de los nacionalismos de algunos estados miembros que siguen sin entender que la negociación, que la seducción es un argumento mientras que la fuerza es la expresión más lamentable de la imposición.

“Las instituciones comunitarias reconocen en privado este “secreto a voces” y necesitan herramientas. Por eso ayer apoyé con entusiasmo esta propuesta para que haya una legislación vinculante europea para proteger a las minorías. Incluso para mediar cuando los problemas se enquistan. Porque ya hemos comprobado, como dije ayer ante el pleno del Parlamento Europeo, que un nacionalismo excluyente puede, retorciendo el derecho, justificar violentas actuaciones policiales contra ciudadanos pacíficos o convertir en un asunto penal un problema político y acabar encarcelando cargos públicos por sus actividades políticas. Algo que debería ser imposible en nuestra Unión.  Algo que debería de ser imposible también en España si la aplicación del derecho y las leyes hubiese guiado la instrucción de las actuaciones judiciales sobre el llamado “procés Catalán”.

Cualquier persona con una mínima capacidad crítica no puede sino alarmarse ante el evidente, público y escandaloso divorcio entre los criterios del Tribunal Supremo y la comunidad científica que enseña en la Universidad derecho penal y que simplemente alucina ante la insolvencia con que están construidos tanto el sumario como los escritos de acusación básicamente coincidentes rubricados por los ultraderechistas de “Vox” y la Fiscalía General del Estado. Algo que, por cierto, nadie comprende tampoco aquí en Europa

El informe, a ojos de Llarena seguro que un documento secidioso y rebelde, recoge el acervo de años de trabajo en el Intergrupo de Minorías del Parlamento Europeo y de hecho es fruto directo del documento que aprobó este grupo de trabajo al final de la pasada legislatura: el manifiesto de Estrasburgo.  En coherencia con este acuerdo, el informe hace referencia y propone soluciones a algunos de los problemas que afectan a más de cincuenta millones de europeos miembros de minorías nacionales que ven frecuentemente vulnerados sus derechos fundamentales por las administraciones de muchos estados miembros. También se hace referencia a la paradoja de que haya miembros fundadores de la Unión que no haya firmado instrumentos jurídicos de protección de estos derechos, como la carta de las lenguas minorizadas, que deben firmar los nuevos socios.

El documento propone una definición para “minoría nacional” contenida en su artículo siete y que refiere a un acuerdo adoptado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa:

7. Recuerda que no existen normas comunes para los derechos de las minorías en la política de la Unión ni una interpretación común de quién puede ser considerada persona perteneciente a una minoría; señala que no existe ninguna definición de minoría en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, ni en el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales; subraya la necesidad de proteger a todas las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, independientemente de la definición, e insiste en que cualquier definición debe aplicarse de manera flexible, ya que la inclusión de facto de los beneficiarios bajo la protección de los derechos de las minorías suele formar parte de un proceso evolutivo que, con el tiempo, puede conducir al reconocimiento formal; recomienda que, respecto a los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y no discriminación, la definición de «minoría nacional» debe basarse en la definición incluida en la Recomendación n.º 1201 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1993) para un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos de las minorías, es decir, un grupo de personas de un Estado que:

–  residen en el territorio de ese Estado y son ciudadanos del mismo;

– mantienen desde largo tiempo lazos firmes y duraderos con ese Estado;

– exhiben características distintivas étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas;

– son suficientemente representativos, aunque en menor número que el resto de la población de ese Estado o de una región de ese Estado,

– están motivados por el interés de preservar conjuntamente aquello que constituye su identidad común, incluida su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma;

 En sus artículos 10 y 11 detalla los objetivos de la legislación vinculante que debería elaborarse a nivel europeo para garantizar una protección de las minorías que considera vinculada al disfrute y ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por eso apuesta porque estas normas comiencen por las codificadas en los instrumentos jurídicos internacionales asumidos por los estados miembros y coloca la protección de estos derechos al máximo nivel al abogar por que se incorporen al marco europeo de garantías de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Unión.

10. Considera que es necesaria una propuesta legislativa sobre normas mínimas de protección de las minorías en la Unión, tras una adecuada evaluación de impacto y con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad aplicables a los Estados miembros, con el fin de mejorar la situación de las minorías y proteger los derechos ya existentes en todos los Estados miembros, evitando al mismo tiempo los dobles raseros; considera, respetando al mismo tiempo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que dichas normas deben comenzar por aquellas ya codificadas en instrumentos jurídicos internacionales y que deben estar firmemente ancladas en un marco jurídico que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión e ir acompañadas de un mecanismo de supervisión de su funcionamiento; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que sus ordenamientos jurídicos garanticen que no se discrimine a las personas pertenecientes a minorías y que adopten y apliquen medidas de protección específicas;
11. Recuerda que la protección de los derechos de las minorías es parte de la propuesta para la celebración de un pacto de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; recuerda, a este respecto, la solicitud formulada en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y reitera su solicitud a la Comisión de que presente una propuesta para la celebración de un pacto de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pide a la Comisión que integre los derechos de las minorías en todos los ámbitos posibles del mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

Asimismo, propugna que disponga de un mecanismo de supervisión de su funcionamiento y recuerda que esta propuesta tiene el respaldo de acuerdos mayoritarios ya adoptados en el Parlamento Europeo o iniciativas ciudadanas como el “Minority Safe Pack” que ha conseguido más de 1.200.000 firmas y superado el tope necesario en once estados miembros lo que obliga a la Comisión Europea a decidir si la toma en consideración o la rechaza.  La implicación vasca fue decisiva para que se alcanzasen las más de 50.000 firmas requeridas en el Estado Español para incorporarse a la lista de los que apoyan esta reclamación.  Además, en sentido completamente opuesto a las reformas que defienden partidos como Ciudadanos para vía legislación electoral impedir la llegada a las Cortes de representantes de estas minorías:

36. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la igualdad de oportunidades de las minorías nacionales y étnicas para participar en la vida política y social de la sociedad. anima a los Estados miembros a que adopten sistemas y leyes electorales que faciliten la representación de las minorías nacionales y étnicas; pide a los Estados miembros que adopten medidas correctoras inmediatas para poner fin a la inscripción discriminatoria de los nacimientos, que lleven a cabo la inscripción de los nacimientos de los miembros de los grupos minoritarios sin discriminación y que se aseguren de que los carnés de identidad expedidos no son discriminatorios;

Finalmente, el informe aprobado esta mañana incorpora contundentes contrapuntos al discurso que los partidos nacionalistas en algunos estados miembros realizan cuando hablan de las formaciones políticas que tratan de defender los derechos de estas minorías nacionales. Así insiste repetidamente en el derecho que asiste a los miembros de estas comunidades de estudiar en su lengua materna y aboga por que en los programas escolares de los estados miembros se enseñe a los miembros de las comunidades mayoritarias la historia y hasta principios sobre las lenguas de estas comunidades. Igualmente se apuesta porque se aproximen a esta problemática desde la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales e incide en la necesidad de formar desde esta perspectiva a jueces y policías. Igualmente, lo que algunos partidos consideran “adoctrinamiento” en las escuelas, es decir la inclusión en los currículos educativos de esas comunidades de conocimientos sobre la historia de esas minorías nacionales, es apoyado, protegido e impulsado en la visión que del asunto tiene el Parlamento Europeo como queda reflejado con toda claridad en los artículos 28 y 62 del informe.

28. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que introduzcan actividades de concienciación que sensibilicen a la población de la Unión sobre la diversidad, y a que promuevan todas las formas pacíficas de manifestación de las culturas minoritarias; anima a los Estados miembros a que incluyan la historia de las minorías nacionales y étnicas y a que promuevan la cultura de la tolerancia en sus escuelas como parte de los planes de estudio; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que lancen diálogos culturales, incluso, aunque no exclusivamente, en los colegios, sobre las diferentes formas y caras del odio contra grupos minoritarios; anima a los Estados miembros a que velen por que la no discriminación, así como la historia y los derechos de las personas pertenecientes a minorías, se integren en los contenidos del sistema educativo nacional;

 Destaca que la formación de los profesores y el acceso a unos libros de texto y a material didáctico de buena calidad son condiciones previas esenciales para garantizar una educación de calidad para los estudiantes; Considera que los planes de estudio, los materiales didácticos y los libros de texto de historia deben ofrecer una imagen justa, precisa e informativa de las sociedades y culturas de los grupos minoritarios; observa que un problema ampliamente reconocido y que debe abordarse en relación con la educación en lenguas minoritarias es la insuficiente disponibilidad de materiales didácticos de calidad y de profesores debidamente cualificados para enseñar en lenguas minoritarias; observa que la enseñanza multidimensional de la historia debe ser un requisito en todas las escuelas, tanto en las comunidades mayoritarias como minoritarias; destaca la importancia de desarrollar cursos de formación para docentes a fin de responder a las necesidades de la enseñanza en los diferentes niveles y en las diferentes modalidades escolares;

¿Qué decir para terminar de este otro artículo dedicado al derecho a la enseñanza en la lengua minoritaria?

50. Señala que la educación desempeña un papel clave en la socialización y el desarrollo de la identidad y sigue siendo el principal instrumento para revitalizar y preservar las lenguas minoritarias en peligro; destaca que toda persona perteneciente a una minoría nacional tiene derecho a la educación en la lengua minoritaria; subraya que la continuidad de la educación en la lengua materna es vital para preservar la identidad cultural y lingüística; toma nota de que, en lo que se refiere a la educación en lenguas minoritarias, no hay un único modelo de buenas prácticas que sea el adecuado para todas las minorías nacionales y étnicas; señala la necesidad de prestar especial atención a las personas que utilizan la lengua de signos;

 En fin, un nuevo y necesario paso para que ese secreto a voces, esa quiebra democrática que es el desprecio a los derechos fundamentales de cincuenta millones de europeos contribuya a acercar la Unión y sus instituciones a la ciudadanía y especialmente a la que, desde estas posiciones ha apoyado con mayor continuidad y entusiasmo el desarrollo de la Unión Europea.

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