RECORDANDO A BRUSELAS SU PROMESA DE INTERVENIR SI LAS PENAS DEL CASO ALSASUA ERAN DESPROPORCIONADAS

Esta mañana en mi condición  de eurodiputada de EAJ-PNV y la parte que nos corresponde en  junto con mis colegas Marina Albiol, Xabier Benito, y Ana Miranda, representantes de Izquierda Unida, Podemos, Bloque Nacionalista Galego y EH Bildu hemos presentado una iniciativa en la que solicitamos a la Comisión Europea que actúe ante la evidente desproporción de las penas recaídas sobre los jóvenes del llamado caso “Alsasua”. Los hechos ocurridos en la localidad navarra que se saldaron con lesiones leves han sido castigados con penas de hasta trece años de cárcel. Simultáneamente y con casos parecidos se acaban de dictar sentencias con condenas que no implican si quiera el ingreso en prisión.

En este caso, no estamos defendiendo la impunidad. desde el principio hemos condenado este tipo de actos de violencia y nos solidarizamos con sus víctimas. Pero criticamos con la misma rotundidad a quienes, retorciendo el derecho, escriben sentencias judiciales al margen de principios básicos del derecho penal y de toda jurisprudencia conocida. El resultado de estas prácticas es en primer lugar un sufrimiento injusto para los condenados y sus familias, en segundo lugar, una llamativa discriminación frente a otros casos idénticos y en tercer lugar un factor de crispación gratuito. Finalmente socaba el principio de confianza en que se basa la creación de un sistema judicial y de seguridad común. Hay que recordar que en los últimos tiempos determinadas actuaciones penales como las emprendidas contra políticos catalanes no están siendo comprendidas en absoluto por las autoridades judiciales de otros estados miembros.

Y es que los especialistas en derecho penal con los que he hablado sobre este asunto o los artículos que he leído al respecto son demoledores para los autores de la sentencia. Por su interés permitidme que aporte aquí uno de ellos, firmado por Margarita Bonet Esteva, quizá el más didáctico e impactante de los que he leído. debo confesar que sus contenidos nos han ayudado mucho para presentar esta pregunta.

Para hacerla nos hemos apoyado también en otra acción que desarrollamos el año pasado cuando un asunto que debería haberse resuelto en pocos meses en la Audiencia de Pamplona se convirtió en uno de esos temas llamados a eclipsar alguna de esas noticias que no convenían. La mayor parte de los medios rozaron la indecencia especialmente si comparamos la estética “tipo comando de malos malísimos” que aplicaron a estos jóvenes frente al respeto reverencial a la presunción de inocencia, el derecho al honor, etc. que aplicaron a los miembros de “La manada”. Por si alguien se ha olvidado aquí está la significativa comparación.

Así que el año pasado los firmantes de esta iniciativa (entonces fue Josu Juaristi que ha cedido su escaño en esta fase final de la legislatura a Ana Miranda) lideramos una iniciativa mediante la cual 52 miembros de la euro cámara denunciaron ante el vice-presidente de la Comisión Europea las elevadas peticiones fiscales que se estaban solicitando para estos jóvenes. En el escrito se destacaba que no se estaba apoyando la impunidad de los implicados sino solicitando para ellos un juicio justo, desarrollado por tribunales ordinarios del territorio en el que se produjeron los hechos y evitando aplicar tipos penales como el de terrorismo. Los firmantes alertaban de que ambas circunstancias eran el origen de las desorbitadas peticiones de penas.

En su respuesta el Vicepresidente de la Comisión Europea reconocía que estaban siguiendo con atención el caso y destacaba que aún no había sentencia. Subrayaba igualmente que uno de, los principios contenidos en los tratados es el de la proporcionalidad de las penas e informaba de que se reservaba la opción de actuar si, finalmente se incumplía en la sentencia esta u otras previsiones incorporadas a la legislación comunitaria.

Apoyándose en esta respuesta hemos puesto en marcha hoy una pregunta escrita en la que se recuerda el compromiso adquirido en su día por Frans Timmermans. En el documento que hemos remitido a la comisión recordamos que “la sentencia condena a los jóvenes encausados a penas de hasta trece años de cárcel” Igualmente hacen hincapié en el contraste existente entre este fallo judicial y otros “recaídos sobre casos similares con condenas mucho más leves.

Adentrándonos en los aspectos más llamativos de esta decisión judicial señalamos tres cuestiones que han propiciado la extremada dureza de las condenas. Por una parte, criticamos que la sentencia omita la imputación objetiva de conductas concretas a cada condenado. Denunciamos además la utilización “del concepto de “coautoría funcional” para agravar al extremo las penas, al margen de los requisitos que exige la jurisprudencia para aplicar esa figura que requiere una concertación previa entre los autores de los hechos, un concreto reparto de funciones y la determinación de un objetivo a alcanzar con el acto que se plantee realizar. Finalmente precisamos que “la Audiencia Nacional ha hurtado la causa al tribunal local que debió analizarla al no apreciarse delito de terrorismo”.

Con estos argumentos y apoyándonos en el compromiso del vicepresidente de la Comisión Europea expresado en su carta del 15 de septiembre del año pasado, solicitamos al gobierno comunitario que valore si “las penas impuestas a los procesados cumplen el artículo 493 de la Carta de Derechos Fundamentales” (proporcionalidad de las penas). Igualmente nos interesamos por la actuación que podría emprenderse en torno a este caso. Para terminar, preguntamos sobre los mecanismos que podrían activarse para corregir “esta flagrante vulneración de los tratados”.

 

 

 

 

 

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Category: Blog

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