VARIAS APORTACIONES VASCAS MEJORARÁN LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN Y FOMENTARAN SU USO

El pleno del Parlamento Europeo ha acogido esta mañana en Estrasburgo el debate sobre este informe de evaluación de la Orden Europea de Protección conocida aquí por sus siglas en inglés (EPO) En la Unión Europea aproximadamente 100.000 mujeres víctimas de violencia de género viven en la actualidad al amparo de ordenes nacionales de protección. Por eso cuando se aprobó la directiva se estimaba que sería un recurso útil y utilizado por muchas de las afectadas. Sin embargo solo siete casos se han acogido a la posibilidad de trasladar la protección de que disfrutan en sus estados a otros miembros de la Unión.

Un informe del servicio de estudios del Parlamento Europeo es el trabajo de evaluación más completo que se ha realizado hasta la fecha sobre la EPO porque la Comisión Europea incumplió los plazos y no ha presentado aún el suyo. Además no hay ni registros ni estadísticas fiables que permitan hacer un seguimiento permanente de cómo este recurso jurídico mejora la protección especialmente de las mujeres afectadas por violencia de género.

Por eso hoy, durante el debate no he podido menos que celebrar el espíritu constructivo que ha presidido la redacción del informe mediante el que la Eurocámara ha revisado el funcionamiento de la Orden Europea de Protección (EPO). Por esa vía varias aportaciones vascas mejorarán el funcionamiento de este instrumento jurídico diseñado para que las personas que se benefician de una orden estatal de protección puedan extender sus efectos a cualquier estado miembro de la UE. Aunque la directiva que abrió esta posibilidad se aprobó en 2011 y una de cada tres mujeres europeas declara haber sido víctima de algún tipo de violencia, en siete años solo se han emitido siete EPOs.

He sido la responsable del grupo ALDE en las negociaciones de este expediente parlamentario. Ya participé en su día en la redacción de la directiva y ahora he conseguido incorporar al informe sobre la EPO buena parte de las nueve enmiendas que presenté en su día para mejorar este instrumento. Nuestro objetivo ha sido proponer medidas eficaces para propiciar que una iniciativa europea básica para combatir la violencia de género sea más conocida, se utilice más, no genere costes administrativos ni económicos a sus beneficiarias, proteja adecuadamente a los menores victimizados por esta lacra y promueva una armonización del tratamiento jurídico que se dan en la Unión a la Violencia de Género.

Loa datos en que nos hemos basado para preparar estas aportaciones certifican que la escasa difusión de las posibilidades que otorga este instrumento jurídico está en el origen de su escasísima utilización pese al brutal impacto de la violencia de género entre las mujeres de la Unión. Por eso urge poner en marcha campañas de información y también de formación dirigidas especialmente a los operadores jurídicos y servicios públicos que entran en contacto con esta problemática.

Para terminar mis aportaciones para mejorar la EPO he puesto el acento en otras de las cuestiones que han sido finalmente incorporadas al informe. Una de las que más interesante me parece, porque puede ayudar a que las mujeres utilicen con más intensidad este recurso es obligar a los estados que acogen a mujeres amenazadas y protegidas por una orden de protección a que les informen sobre los servicios sociales y sanitarios que completan las prestaciones de la EPO. Finalmente me parece imprescindible unificar formularios, digitalizar procesos, establecer plazos concretos de tramitación y mejorar las estadísticas que son propuestas imprescindibles para mejorar la efectividad y posibilidades de utilización de la Orden Europea de protección.

 

 

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