GERNIKA, MEMORIA, DIVERSIDAD Y HERIDAS ABIERTAS
La acción que realizamos el año pasado en el parlamento Europeo para pedir verdad, justicia y reparación para las víctimas del bombardeo de gernika en su 80 aniversario
A última hora de la noche de ayer denuncié ante el Parlamento Europeo la negativa de las autoridades estatales a revisar la dimensión histórica del bombardeo de Gernika. Esta decisión, es una consecuencia más de la política estatal sobre memoria histórica reiteradamente condenada por las principales instituciones internacionales y sería un escándalo en cualquier otro estado europeo. Nadie se imagina por aquí que se trate con ese mismo desdén y frivolidad la memoria histórica sobre el nacismo o el estalinismo. Este asunto sigue sin cerrarse adecuadamente. En el “a por ellos” que hemos escuchado recientemente siguen estando presentes los valores del “guerra-civilismo”. En las dificultades para entender la pluralidad que dieron cuerda a la campaña anti catalana que se desencadenó cuando esta nación, siguiendo las normas constitucionales, modificó su estatuto vive aquel espíritu rancio que animaba la “cruzada”. Las decisiones judiciales que niegan el derecho, la ley, la pluralidad y hasta los hechos como las que recaen sobre el llamado “proces” son frutos de esta herida sin curar.
En esta coyuntura me ha parecido oportuno utilizar el turno de intervenciones de un minuto que destina el Parlamento Europeo en sus plenos para tratar asuntos de importancia política para lamentar la negativa con que el PP, con mayoría absoluta en esta institución, saludó una propuesta de la posición de revisar la dimensión histórica del bombardeo de Gernika. La excusa esgrimida por la portavoz del grupo popular fue que “se cometieron atrocidades por ambas partes” un argumento realmente inaplicable al bombardeo contra una población civil indefensa.
Esta no ha sido la única razón que barajé para traer a este pleno un asunto relacionado con el bombardeo de Gernika. Estamos a escasa fechas de que el próximo 26 de abril se conmemore el 81 aniversario de este ataque. El 80 aniversario de esta tragedia fue subrayado con un completo programa de actos en el propio Parlamento Europeo. Las actividades fueron promovidas por el grupo de eurodiputados que trabajamos en Bruselas y Estrasburgo para propiciar un cambio en la mirada con que las instituciones europeas observan las políticas estatales de memoria que consideran un asunto interno de un estado miembro. Esa posición contrasta con la existencia de un programa y de mandatos parlamentarios expresos para garantizar que no haya impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el marco de dictaduras o regímenes totalitarios en la Unión.
Por eso ayer apoyé la necesidad de revisar la dimensión histórica del bombardeo de la villa foral teniendo en cuenta además que la Legión Condor utilizó esta acción bélica contra población civil indefensa, un crimen de lesa humanidad, para ensayar los que cometería posteriormente en el resto de Europa durante la segunda guerra mundial. Solo una política ciega de negación de la realidad, la que se aplica en España sobre la memoria histórica sería capaz de sostener una decisión semejante. Por ese tipo de actitudes y hechos la posición del actual gobierno en esta materia ha sido reiteradamente condenada por las principales instituciones internacionales.
Pero es que las denuncias van más allá. Describen en toda su crudeza los problemas que origina esta amnesia. Una de las denuncias que más me impresiona, porque no ha generado aún movimiento alguno para tratar de corregirla es la que señala las lagunas de formación en Derechos Fundamentales que la ONU denuncia en determinados ámbitos del poder judicial español, la inexistencia de una lectura crítica del papel que ese poder del estado jugó durante la post guerra y la dictadura y la resistencia para asumir la propia diversidad. Son elementos que, forman parte de esta herida sin curar.
Así que ya es hora de que se vaya reconociendo lo que ocurrió. La guerra civil, una confrontación armada fue fruto de un golpe de estado, uno de verdad, no como los que inventa el juez Pablo Llarena. Sus protagonistas, utilizando la violencia iniciaron primero una guerra civil y posteriormente instauraron una sangrienta dictadura militar que duró cuarenta años y durante la cual hicieron desaparecer a más de 100.000 personas. Pretender que la violencia ejercida por las partes en conflicto en la guerra fue equivalente es simplemente absurdo. Y tratar de tapar con lo que pudo ocurrir durante tres años de guerra la actividad represiva de cuarenta años de dictadura, un sarcasmo.
El fruto de mantener esa posición genera sufrimiento aquí, hoy y ahora. 100.000 familias siguen buscando a sus familiares en cunetas y fosas comunes. La misma judicatura que les niega verdad, justicia y reparación es la que se inventa acusaciones de rebelión para inhabilitar la mayoría absoluta recién elegida por la ciudadanía de Cataluña. Porque esa es la verdadera causa del delito elegido por Llarena para acusar a los líderes del proces: la posibilidad que ofrece de inhabilitarlos sin haberlos juzgado vía una decisión unipersonal que pretende imponerse a los resultados electorales salidos de las urnas. Y que reacciona además ante las actuaciones de las instituciones legítimas de Cataluña. Es la misma sección de la judicatura que lleva ya nueve condenas del Tribunal de los derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar adecuadamente delitos de tortura. Elementos que, sin duda, serían suficientes para organizar un escándalo en cualquier otro estado miembro.
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