PASAIAKO SARRASKIA. VERDAD JUSTICIA Y REPARACION PARA TODAS LAS VÍCTIMAS

El pasado sábado compartí unas horas con los familiares de Pedro Mari Isart, Jose Mari Itura, Dioni Aizpuru y Rafael Delás, presuntos miembros de los “Comandos Autónomos Anticapitalistas” que de acuerdo con las últimas decisiones judiciales al respecto fueron acribillados en la bahía de Pasajes el 22 de marzo de 1984. Pudieron ser detenidos. Podrían estar hoy vivos. Pero fueron víctimas del odio, de la venganza. Y ejercidos desde el poder institucional. El tiempo transcurrido, la destrucción de pruebas (ha desaparecido todo el atestado fotográfico que se refería a estos incidentes), la imposibilidad de establecer exactamente quienes estaban allí, quiénes dispararon, cómo ocurrió todo, ha llevado al archivo definitivo de la causa en el ámbito penal. El Tribunal Constitucional tampoco ha amparado a las cuatro familias que doloridas, buscan verdad, justicia y reparación.

En el lugar en que ocurrieron los hechos con las familas de Dioni, José Mari, Pedro Mari y Rafael y mis compa eros en el Parlamento Europeo Josu Juaristi y Xabier Benito

Un documental recuerda lo que ocurrió aquel 22 de marzo de 1984.

Estuve apoyándoles porque lo necesitan y lo merecen. Porque buscan lo que aquí no han encontrado en el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Y porque quiero colaborar en lo que pueda a encontrar lo que buscan y a colaborar en consolidar las garantías de no repetición de la tragedia que hemos vivido en Euskadi en las últimas décadas. Hoy mismo el estado español ha vuelto a ser condenado por otro episodio ignominioso de tratos inhumanos y degrandantes. EL Tribunal de Estrasburgo ha vuelto a descalificar a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que revocó una condena impuesta por estos hechos a sus autores por la audiencia de San Sebastián. Entre los firmantes del fallo el juez ultra conservador y ponente José Ramón Soriano Soriano, y Julián Sanchez Melgar, hoy Fiscal General del Estado y autor de llamada “Doctrina Parot” igualmente corregida por el Tribunal de Estrasburgo.  El fallo del tribunal es especialmente crítico con esta actuación del Supremo de España que restó credibilidad al testimonio de los maltratados “ tratar de establecer si el uso de la fuerza física por los agentes de la Guardia Civil durante el arresto había sido estrictamente necesario y proporcionalmente o si los daños más graves sufridos posteriormente por el primer solicitante  fueron imputables a los agentes responsables de la detención y supervisión de este último”

Por eso el sábado transmití nuestro apoyo y protección para cuantas acciones emprendan en instancias europeas para conseguir la verdad, justicia y reparación que aquí se les niega. Estamos seguros de que en Estrasburgo van a encontrarlas. Y queremos lamentar la ya larga secuencia de condenas que acumula España en el Tribunal Europeo de Derechos humanos por no investigar vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por sus fuerzas de seguridad en el marco de la llamada “lucha antiterrorista”. Y por vulnerar leyes, desde las más altas instancias del poder judicial, en cuestiones tan básicas como la invención de penas no contempladas en las leyes o la aplicación retroactiva de las mismas. Incluso por no observar garantías procesales tan elementales como escuchar a los encausados.

Como se ve, repasando la ya amplia jurisprudencia europea, las víctimas de estas actuaciones ilegales de las fuerzas de seguridad también existen. Y merecen, necesitan y tienen derecho a encontrar verdad, justicia y reparación para su dolor. Nadie podrá acusarme nunca de tener la mínima simpatía por quienes han practicado la violencia en nuestro país. Me he empeñado además por acercarme a sus víctimas, entenderlas y ampararlas. He trabajado muchos cientos de horas con sus representantes y he aprendido con ellos sobre el dolor que generan los crímenes, los asesinatos, estas muertes gratuitas, absurdas, evitables. Como las que ocasionaron las actividades terroristas en Euskadi. Pero hay que decir alto y claro que el mismo dolor ocasionaron también algunas actuaciones de quienes, en teoría desde la ley y el derecho, deberían haber combatido este tipo de delitos con democracia y justicia y lo hicieron desde el odio, la venganza y el abuso del poder y del monopolio de la violencia que la ley les otorga para cumplir su función.

Las figuras pintadas sobre las rocas rememoran el lugar en que ocurrieron los hechos.

Este tipo de conductas éticamente inasumibles, ilegales y políticamente contraproducentes alimentaron durante años la espiral de la violencia, el discurso justificador de los bombazos y los tiros en la nuca. En ese relato que fatigosamente estamos tratando de construir no deberían faltar ni la narración de estos dramáticos errores, ni la valoración de lo que influyeron en la prolongación del terrorismo. Tampoco lo que dañó al prestigio de las fuerzas de seguridad la resistencia a investigar este tipo de conductas, que permitió generalizar la sospecha. Y por supuesto capítulo aparte merecerá la actuación de algunos magistrados, que atentando contra el prestigio y la profesionalidad de la mayor parte de sus compañeros miraron hacia otro lado o permitieron y propiciaron que no se investigasen.

En su día la gravedad de lo ocurrido las evidentes contradicciones entre la versión oficial y las conclusiones que se podían deducir leyendo las autopsias de los fallecidos, escuchando testimonios o analizando con un mínimo espíritu crítico lo que se contó propiciaron que grandes medios de comunicación pusiesen el dedo en la llaga sobre lo realmente ocurrido. Solo la lcetura de las autopsias de Pedro Mari Isart, Jose Mari Itura, Dioni Aizpuru y Rafael Delás, la exiwtencia de impactos de posta en sus cuerpos (munición entonces ya prohibida) o el proceso de levantamiento de los cadáveres (que se realizó al margen de autoridad judicial alguna) era muy sospechoso. Pero hay además elementos de prueba que permiten colegir hasta qué punto se llegó a legitimar el uso de esta violencia ejercida desde el estado. Ni quito ni pongo coma: juzguen ustedes mismos lo que significa este pasaje de las memorias de José Bono, (Les voy a Contar-Editorial Planeta) en dónde se reconoce que los hechos de pasajes  responden simplemente a una venganza frente al brutal e injustificable asesinato del senador Enrique Casas.

Por eso hoy toca recordar que mi compromiso con la defensa de los derechos fundamentales es universal. Que mi apoyo a las víctimas también lo es. Si a cualquier ciudadano le es exigible respetar normas básicas del estado de derecho, a las instituciones y los poderes públicos con más motivo. Condenar todos los asesinatos cometidos en las últimas décadas, investigarlos adecuadamente, reparar y pedir perdón a las víctimas y compartir su dolor son condiciones necesarias para curar las profundas heridas que nos siguen doliendo. Sin distinciones. No hay asesinos ni asesinatos justificables. Hay simplemente violencia y horror. Y reconocerlo y obrar en consecuencia es la prueba del algodón para quienes claman contra la impunidad de unos crímenes pero ni se inquietan ante las actuaciones oficiales que han propiciado casos como el que hoy traigo aquí. Superar definitivamente este conflicto exige reconocer y asumir los propios errores. Por graves e irreparables que hayan sido. Y pese a lo cómodo que a algunos les resulte, creyendo que ya todo termino, seguir aliviando la conciencia con el error de pensar que matar alguna vez tuvo sentido.

PASAJES

El pasado sábado compartí unas horas con los familiares de Pedro Mari Isart, Jose Mari Itura, Dioni Aizpuru y Rafael Delás, presuntos miembros de los “Comandos Autónomos Anticapitalistas” que de acuerdo con las últimas decisiones judiciales al respecto fueron acribillados en la bahía de Pasajes el 22 de marzo de 1984. Pudieron ser detenidos. Podrían estar hoy vivos. Pero fueron víctimas del odio, de la venganza. Y ejercidos desde el poder institucional. El tiempo transcurrido, la destrucción de pruebas (ha desaparecido todo el atestado fotográfico que se refería a estos incidentes), la imposibilidad de establecer exactamente quienes estaban allí, quiénes dispararon, cómo ocurrió todo, ha llevado al archivo definitivo de la causa en el ámbito penal. El Tribunal Constitucional tampoco ha amparado a las cuatro familias que doloridas, buscan verdad, justicia y reparación.

Estuve apoyándoles porque lo necesitan y lo merecen. Porque buscan lo que aquí no han encontrado en el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Y porque quiero colaborar en lo que pueda a encontrar lo que buscan y a colaborar en consolidar las garantías de no repetición de la tragedia que hemos vivido en Euskadi en las últimas décadas. Hoy mismo el estado español ha vuelto a ser condenado por otro episodio ignominioso de tratos inhumanos y degrandantes. EL Tribunal de Estrasburgo ha vuelto a descalificar a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que revocó una condena impuesta por estos hechos a sus autores por la audiencia de San Sebastián. Entre los firmantes del fallo el juez ultra conservador y ponente José Ramón Soriano Soriano, y Julián Sanchez Melgar, hoy Fiscal General del Estado y autor de llamada “Doctrina Parot” igualmente corregida por el Tribunal de Estrasburgo.  El fallo del tribunal es especialmente crítico con esta actuación del Supremo de España que restó credibilidad al testimonio de los maltratados “ tratar de establecer si el uso de la fuerza física por los agentes de la Guardia Civil durante el arresto había sido estrictamente necesario y proporcionalmente o si los daños más graves sufridos posteriormente por el primer solicitante  fueron imputables a los agentes responsables de la detención y supervisión de este último”

Por eso el sábado transmití nuestro apoyo y protección para cuantas acciones emprendan en instancias europeas para conseguir la verdad, justicia y reparación que aquí se les niega. Estamos seguros de que en Estrasburgo van a encontrarlas. Y queremos lamentar la ya larga secuencia de condenas que acumula España en el Tribunal Europeo de Derechos humanos por no investigar vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por sus fuerzas de seguridad en el marco de la llamada “lucha antiterrorista”. Y por vulnerar leyes, desde las más altas instancias del poder judicial, en cuestiones tan básicas como la invención de penas no contempladas en las leyes o la aplicación retroactiva de las mismas. Incluso por no observar garantías procesales tan elementales como escuchar a los encausados.

Como se ve, repasando la ya amplia jurisprudencia europea, las víctimas de estas actuaciones ilegales de las fuerzas de seguridad también existen. Y merecen, necesitan y tienen derecho a encontrar verdad, justicia y reparación para su dolor. Nadie podrá acusarme nunca de tener la mínima simpatía por quienes han practicado la violencia en nuestro país. Me he empeñado además por acercarme a sus víctimas, entenderlas y ampararlas. He trabajado muchos cientos de horas con sus representantes y he aprendido con ellos sobre el dolor que generan los crímenes, los asesinatos, estas muertes gratuitas, absurdas, evitables. Como las que ocasionaron las actividades terroristas en Euskadi. Pero hay que decir alto y claro que el mismo dolor ocasionaron también algunas actuaciones de quienes, en teoría desde la ley y el derecho, deberían haber combatido este tipo de delitos con democracia y justicia y lo hicieron desde el odio, la venganza y el abuso del poder y del monopolio de la violencia que la ley les otorga para cumplir su función.

Este tipo de conductas éticamente inasumibles, ilegales y políticamente contraproducentes alimentaron durante años la espiral de la violencia, el discurso justificador de los bombazos y los tiros en la nuca. En ese relato que fatigosamente estamos tratando de construir no deberían faltar ni la narración de estos dramáticos errores, ni la valoración de lo que influyeron en la prolongación del terrorismo. Tampoco lo que dañó al prestigio de las fuerzas de seguridad la resistencia a investigar este tipo de conductas, que permitió generalizar la sospecha. Y por supuesto capítulo aparte merecerá la actuación de algunos magistrados, que atentando contra el prestigio y la profesionalidad de la mayor parte de sus compañeros miraron hacia otro lado o permitieron y propiciaron que no se investigasen.

La placa que recuerda lo acontecido ha sido objeto de numerosos ataques en los últimos anios. rara vez alguno de ellos ha llegado a los medios.

En su día la gravedad de lo ocurrido las evidentes contradicciones entre la versión oficial y las conclusiones que se podían deducir leyendo las autopsias de los fallecidos, escuchando testimonios o analizando con un mínimo espíritu crítico lo que se contó propiciaron que grandes medios de comunicación pusiesen el dedo en la llaga sobre lo realmente ocurrido. Solo la lcetura de las autopsias de Pedro Mari Isart, Jose Mari Itura, Dioni Aizpuru y Rafael Delás, la exiwtencia de impactos de posta en sus cuerpos (munición entonces ya prohibida) o el proceso de levantamiento de los cadáveres (que se realizó al margen de autoridad judicial alguna) era muy sospechoso. Pero hay además elementos de prueba que permiten colegir hasta qué punto se llegó a legitimar el uso de esta violencia ejercida desde el estado. Ni quito ni pongo coma: juzguen ustedes mismos lo que significa este pasaje de las memorias de José Bono, (Les voy a Contar-Editorial Planeta) en dónde se reconoce que los hechos de pasajes  responden simplemente a una venganza frente al brutal e injustificable asesinato del senador Enrique Casas.

Por eso hoy toca recordar que mi compromiso con la defensa de los derechos fundamentales es universal. Que mi apoyo a las víctimas también lo es. Si a cualquier ciudadano le es exigible respetar normas básicas del estado de derecho, a las instituciones y los poderes públicos con más motivo. Condenar todos los asesinatos cometidos en las últimas décadas, investigarlos adecuadamente, reparar y pedir perdón a las víctimas y compartir su dolor son condiciones necesarias para curar las profundas heridas que nos siguen doliendo. Sin distinciones. No hay asesinos ni asesinatos justificables. Hay simplemente violencia y horror. Y reconocerlo y obrar en consecuencia es la prueba del algodón para quienes claman contra la impunidad de unos crímenes pero ni se inquietan ante las actuaciones oficiales que han propiciado casos como el que hoy traigo aquí. Superar definitivamente este conflicto exige reconocer y asumir los propios errores. Por graves e irreparables que hayan sido. Y pese a lo cómodo que a algunos les resulte, creyendo que ya todo termino, seguir aliviando la conciencia con el error de pensar que matar alguna vez tuvo sentido.

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