BRUSELAS SE RESERVA LA OPCION DE INTERVENIR SI EL “CASO ALSASUA” VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS

| 29 septiembre 2017 | Comentarios (1)

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha informado esta semana a las diputadas y diputados del Parlamento Europeo Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Josu Juaristi (EHBildu), y a mi misma, que “sigue con interés” el caso de los jóvenes de Altsasua, detenidos e imputados por un delito de terrorismo tras una trifulca en un bar con varios agentes de la Guardia Civil, fuera de servicio, en la madrugada del 15 de octubre de 2016,. Timmemmans señala en su escrito  que en el caso de que el proceso judicial abierto incumpla principios que consagran los tratados y la legislación comunitaria como el de las proporcionalidad de las penas, “se reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas”.

Mis colegas y yo remitimos a Timmermans, al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a varios comisarios, un informe pormenorizado del caso el pasado mes de julio, destacando que el fiscal está solicitando penas para los implicados en estos hechos que suman un total de 375 años de cárcel. El president Juncker consideró que los hechos denunciados merecían un seguimiento por parte del propio Timmermans. Éste en su respuesta, explica que si bien las causas penales son competencia de los Estados miembros, estos deben respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando implementan la legislación europea y coincide, tal y como habían subrayado los y las diputadas, en que las penas impuestas a las personas deben ser proporcionales a las acciones por las que puedan ser condenada. “La Comisión está siguiendo el resultado de este caso con interés y se reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas como guardiana de los tratados”, concluye Timmermans.

Los cuatro autores de esta iniciativa hemos recibido con satisfacción  la respuesta de la Comisión Europea, para empezar por el hecho de que la denuncia animara a Juncker a encargar a su responsable de derechos y libertades un seguimiento del caso es todo un indicio de que el asunto presenta indicios de que no cumple las leyes comunitarias, tanto por la desproporción de las penas que piude el fiscal como por una aplicación del tipo de terrorismo a unos hechos que no encajan ni de lejos en la definición europea de esta conducta penal.

Por eso no nos parece una casualidad” que Timmermans, en su respuesta, reitere la necesidad de que toda pena sea proporcional a los hechos que se imputan, premisa que no se cumple en el caso de los ocho jóvenes de Altsasua, para quienes el fiscal pide un total de 375 años de cárcel. Vista la desproporción evidente entre lasa penas que se solicitan y los hechos a que se refieren, una trifulca en un bar,  la Comisión anuncia que seguirá este caso hasta su desenlace. Una decision  que no tendría sentido si Bruselas considerase que las acusaciones formuladas contra estos jóvenes cumplen las leyes comunitarias”.

Para denunciar un caso como este, uno más de los que viene protagonizando un sector de la justicia española que sigue atascado en el “derecho penal para el  enemigo”, 52 diputados y diputadas del Parlamento Europeo firmaron un manifiesto en el que solicitan que “prevalezcan los principios de proporcionalidad, justicia y equidad y que la acusación de terrorismo sea eliminada en esta causa”. Animados por la sensibilidad que empieza a mostrar la Comisión ante este tipo de casos vamos a seguir poniendo en marcha las acciones que sean necesarias en la Eurocámara y ante el resto de instituciones comunitarias para denunciar la vulneración de derechos que se está produciendo contra estos jóvenes.

 

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