BRUSELAS REVISARA LA DECISION DE NO INDEMINZAR A LAS FAMILIAS DE LASA Y ZABALA

La Comisaria Europea de Justicia, Consumo e Igualdad de Género Vera Jourova ha informado esta mañana que la Comisión Europea está analizando si la decisión de las autoridades españolas de denegar una indemnización a los familiares de Lasa y Zabala es compatible con las normas europeas sobre asistencia a las víctimas de delitos. El anuncio se contiene en la respuesta a una iniciativa parlamentaria que planteé al conocer que no hay ninguna sentencia judicial firme que considere miembros de ETA a los dos jóvenes, torturados y asesinados por agentes de la Guardia Civil. 

Como se recordará el Constitucional, en un fallo que nuevamente dividió a los miembros del tribunal que lo adoptó, decidió rechazar una reclamación de las familias de estos dos jóvenes por serles denegadas las indemnizaciones que les corresponden como víctimas del terrorismo. El argumento esgrimido entonces era la pertenencia de ambos a la organización terrorista ETA. La legislación europea permite no conceder este tipo de indemnizaciones a familiares de miembros de organizaciones terroristas pero exige que dicha pertenencia esté acreditada por una decisión judicial firme. Tal requisito no se cumple en este caso.

Por esas razones Izaskun el pasado mes de marzo decidí solicitar a la Comisión Europea un análisis de los hechos a la luz de la normativa comunitaria. Lo hice porque pensaba entonces y sigo convencida hoy de que la decisión del gobierno español en primera instancia y la del Tribunal Constitucional después no es coherente con los considerandos 16, 32, 53 y 63 de la directiva europea 2012/29 que reconoce un catálogo de derechos mínimos de las víctimas a nivel europeo. Igualmente no es compatible con los contenidos de los artículos 8 y 22 apartado 3 de dicha directiva.

Estas disposiciones están vinculadas a la especial protección que merecen las víctimas que a la vista del delito que han sufrido necesitan especial atención y protección. Entre ellas se citan las víctimas del terrorismo. Así lo explicaba en la crónica que dediqué entonces aquí a informar sobre esta iniciativa. Si el desdén con cualquier víctima es muy negativo especialmente grave me parece que no se extreme la diligencia con víctimas del terrorismo de estado, prolongando el discurso de legitimación de la violencia con que operaron los autores de estos horribles crímenes.

Como habéis podido ver en el documento que se adjunta al principio de esta crónica, la comisaria de justicia ha informado esta mañana que las autoridades comunitarias, como es habitual en el proceso de control sobre cómo se integran las disposiciones comunitarias en el derecho interno de cada estado miembro, ha recibido datos sobre cómo se ha traspuesto en España “ la Directiva 2012/29/UE. La Comisión está examinando de qué manera se recogen las disposiciones de la Directiva, incluidos los artículos 8 y 22, apartado 3, a que hace referencia Su Señoría, en las normas y prácticas nacionales de ejecución”

En su respuesta la comisaria se refiere expresamente a la denegación de las indemnizaciones a las familias de Lasa y Zabala y anuncia que se está estudiando lo ocurrido en el caso: “Si el análisis de la situación que Su Señoría ha puesto en conocimiento de la Comisión revela una falta de conformidad con el Derecho de la Unión, enfatiza Vera Jourova, la Comisión podrá adoptar las medidas necesarias, incluidos procedimientos de infracción, si procede”.

Finalmente la comisaria recuerda que el análisis se efectuara exclusivamente sobre cómo se cumplen en el caso los artículos 8 y 22 de la norma comunitaria porque  “la evaluación de la conformidad efectuada por la Comisión no incluye el examen de las normas nacionales a la luz de los considerandos de la Directiva, que no son jurídicamente vinculantes, y cuya finalidad es ayudar a interpretar las disposiciones del acto en cuestión”.

Ahora solo cabe desear que la intervención de Bruselas contribuya a corregir una situación a todas luces injusta porque supone una verdadera burla y escarnio para los familiares de estas víctimas del terrorismo de Estado. Lo acontecido con estas personas es un pésimo precedente moral y ético y en mi opinión  incumple claramente la legislación comunitaria. No cabe duda de que el asesinato de Lasa y Zabala fue un acto de terrorismo de estado, porque hubo personas condenadas por ello. Si ese estado quiere tener legitimidad cuando reclama, con toda la razón, verdad justicia y reparación para las víctimas del terrorismo, debería de comenzar aplicándose el cuento en primera persona. Y en este caso, está dando un espectáculo lamentable”.

 

 

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Comentarios (2)

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  1. Io dice:

    Cerrar con verdad, justicia y reparacion, este caso forma parte de los objetivos clavés del Estado de Derecho que es España.

    El mundo etarra, sus ideólogos, sus palmeros y sus simpatizant no han de obtener ningún “blanqueo” del pasado criminal del grupo terrorista etarra a cuenta del caso Lasa y Zabala, crimen de Estado, inaceptable para mi.

    El PNV, que también ha sufrido algunos zarpazos etarras, con algunos asesinados también, no es una organización “inocente” a mis ojos, respecto del historial de terror, muerte, destruccion y sufrimiento generado por ETA y su entorno. Por eso mantengo todas las prevenciones, desconfianzas y cautelas ante el reflejo mediàtico de este asunto.

    CRONICA Da un nombre: Margarita
    La verdad sobre el caso Lasa Zabala
    De la cal viva a cómo la maquinaria del Estado sí hizo justicia

    El periodista que vivió la investigación del caso, narra lo que cuenta la película

    Lasa y Zabala fueron asesinados y enterrados en cal viva en Alicante
    FERNANDO LÁZARO Actualizado: 12/10/2014 05:57 horas
    20
    “Marga, tenemos que hablar», dijo el comisario general de Policía Judicial, Enrique de Federico, a la entonces secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles.

    -Ahora estoy fuera pero regreso mañana por la tarde.

    -Voy a buscarte al aeropuerto. Te llevo yo. Olvídate de tu coche. Es importante.

    Al día siguiente, cuando caía la tarde, Robles aterrizó en el aeropuerto de Barajas. A pie de pista le esperaba Enrique de Federico. Se dirigieron a Madrid. Allí, el mando policial condujo su coche hasta un aparcamiento público y se detuvo en la última planta.

    -Marga, ¿sabes dónde nos estamos metiendo? ¿Vamos hasta el final? Si no, no entro.

    -Federico, vamos hasta el final, ya me conoces. A por ellos, caiga quien caiga.

    -Entonces, quiero protección para mi familia. Como siempre Marga, a tus órdenes.

    Margarita Robles y Enrique de Federico fueron las piedras angulares sobre las que pivotó la investigación sobre el secuestro, torturas y asesinato de los dos jóvenes etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

    En marzo de 1995, cuando se confirmó que los restos localizados en la fosa de Busot (Alicante) en 1985 pertenecían a estos terroristas, la maquinaria del Estado, en contra de la maquinaria del Estado, logró descubrir a los autores de este crimen de Estado.

    Ahora se estrena una película, Lasa y Zabala, que tiene una clara intención: “Hay que poner todo el dolor a la misma altura”, se apunta como propósito inicial por boca de los familiares de los asesinados. La película, que arma su guión con datos del sumario en su mayoría, pivota alrededor de la figura del abogado abertzale Iñigo Iruin, al que convierte en el gran héroe.

    Cuando ocurrieron los hechos (la identificación de unos huesos enterrados en cal viva en una fosa), yo formaba parte del equipo de EL MUNDO que puso nombres a aquellos restos: José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, veinteañeros etarras desaparecidos en 1983 y, desde entonces, convirtió este caso en uno de sus objetivos. Junto a otros compañeros, estuve en la primera línea de las investigaciones periodísticas. Y tuvimos contacto estrechísimo tanto con los responsables del Ministerio de Justicia e Interior, como de la Audiencia Nacional o de la investigación. Y contactamos con quienes en aquella época supieron lo que pasó. Y muchas veces fuimos por delante de jueces y policías. Y aportamos mucha de la luz que permitió avanzar en la resolución del caso. Por eso ladeo la cabeza ante parte del relato que muestra la película.

    Lasa y Zabala eran dos etarras que apenas tuvieron ocasión de avanzar en su carrera terrorista. La iniciaron en 1981 en un intento de atraco chapucero. Aquel año, Zabala, Lasa y otros miembros del comando Gorki decidieron pisar el acelerador de la acción. Necesitados de conseguir financiación, eligieron la Caja Laboral de Tolosa para dar el golpe.

    Cuando se disponían a materializar el atraco, el inexperto comando observó que en las inmediaciones se encontraba la furgoneta de la compañía de seguridad que transportaba el dinero. Para evitar que el atraco se convirtiera en una “película de vaqueros”, se fueron a un bar a tomar un café, para regresar cuando no estuviera la furgoneta. En ese lapso de tiempo, otro comando de ETA había robado los carnés de identidad de un local próximo a la Caja. Cuál sería la sorpresa de los inexpertos terroristas al toparse en la entidad con la brigada antiatracos de la Guardia Civil. El bautismo atracador de Lasa y Zabala acabó, finalmente, en un mal western rodado en directo en el norte. Quedaron quemados en la primera acción importante y tuvieron que irse “al otro lado” (clandestinidad en Francia). Identificados por la Policía, su historial terrorista se reducía a un frustrado atraco, a la colocación de una bomba en una torreta eléctrica y al lanzamiento de un cóctel molotov contra los juzgados de Tolosa.

    Sin duda, el papel de Iruin fue muy importante. Ayudó, empujó, instigó muchas de las actuaciones judiciales. Tomó las riendas de la acusación. Era el abogado de las familias de los terroristas. Fue uno de los abogados más emblemáticos de la izquierda abertzale. Se dedicaba, entre otras actividades, a defender a los miembros ETA. ETA, por cierto, palabra que tarda un mundo en aparecer citada en la película. Porque durante la primera mitad sólo se habla de «refugiados vascos».

    Llegó a formar parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Durante 1989 fue el abogado que asesoró al número uno de ETA, Eugenio Echebeste, Antxon, en las conversaciones que éste mantuvo en Argel con el Gobierno de Felipe González. Además, sobre todo en su última fase, se movía más en el entorno posibilista de la izquierda abertzale, la que apostaba por acabar con la violencia de ETA. Estuvo aquella noche del 20 de noviembre de 1989 en la que unos encapuchados entraron en el restaurante Basque del hotel Alcalá de Madrid y asesinaron a tiros a José Muguruza e hirieron a Iñaki Esnaola, abogado con quien inició su carrera profesional. Y entre sus casos, representar a los familiares de los entonces desaparecidos Lasa y Zabala, que fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 y trasladados al Palacio de La Cumbre en San Sebastián, donde fueron torturados. Después, a Alicante, a Busot, donde fueron asesinados y enterrados en cal viva. Por estos hechos fueron condenados el general Rodríguez Galindo y sus subordinados en el cuartel de Intxaurrondo Ángel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal; además del ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu.

    OTROS CRÍMENES SIN RESOLVER

    Apenas de puntillas pasa la película por la situación que en aquellos años se vivía no solo en el País Vasco sino en toda España: los asesinatos de ETA se contaban por decenas. Muchos de los crímenes están aún por resolver. La única figura policial que cobra un papel relevante es el comisario Jesús García. Y es verdad que fue clave. García, destinado en esos años en Alicante, fue quien dio con la tecla para identificar unos restos que llevaban más de 10 años sin identificar en el depósito de cadáveres. Lo vio claro después de leer informaciones de EL MUNDO sobre el uso de cal viva por parte de los GAL. Falleció de un ataque al corazón mientras declaraba en el juicio, en la Audiencia Nacional.

    El papel de este periódico fue clave para que este caso llegara a puerto. Fue este rotativo el que descubrió a uno de los hombres clave en el juicio: Ángel López Carrillo, el que fuera chófer de Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa en la época. El compromiso de este periódico por destapar este caso fue claro. Y la soledad mediática, prácticamente absoluta. Muchos, tratando de torpedear. Otros, guardando un espeso y a veces cómplice silencio.

    El testimonio de Carrillo fue esencial. Su relato de la noche en la que a Galindo le avisan de que han caído «dos peces medianos» y su recorrido al Palacio de La Cumbre para visitarlos fue clave para la condena. Pero para llegar a ello, al juicio, para poder sentar en el banquillo a los que eran los héroes de la lucha contra ETA, fueron muchos los que se jugaron literalmente la vida.

    Hablábamos de Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior. Su jefe era el todopoderoso biministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch. En pleno incendio, Robles subió al Intxaurrondo y ante Galindo y sus hombres, cuando ya la lupa policial estaba sobre ellos, les advirtió que se había acabado eso de “trabajar con red”; es decir, arropados por el Ministerio por si se les “iba la mano”. Ella tomó la decisión. Ella fue la que dijo “hasta el final”… Y mientras ella tejía para ir aclarando el caso, tenía que luchar contra otra parte del Estado, que trataba de blindar a los autores del crimen, que trataba de destejer lo tejido.

    Su hombre de confianza, Enrique de Federico, comisario general de Policía Judicial. A él y a un reducido número de agentes les tocó investigar los hechos. Sabían el resultado de la ecuación. Sabían que habían sido los acusados, pero el reto era buscar pruebas, testimonios que lo acreditaran. Y De Federico empujó con fe el carro. Y eso que durante muchos años había tenido contacto profesional con el investigado, incluso simpatía personal con Rodríguez Galindo. Los entierros en el País Vasco forjaban lazos entre compañeros.

    Sintió el miedo. El mismo miedo de muchos de los que colaboraron en las pesquisas… De esos a los que les dejaban balas en sus buzones de casa, a los que les secuestraban y violaban con un auto judicial de testigo protegido. El mismo miedo que ese ultra que tenía datos importantes y que murió en extrañas circunstancias cuando estaba en disposición de colaborar… Porque por el camino han quedado muchos. Y entre ellos, también, el que fuera gobernador civil de Guipúzcoa cuando se investigaron los hechos y también hombre de confianza de Margarita Robles, Juan María Jáuregui. De fuerte temperamento, estuvo también frente a frente con Galindo cuando el punto de mira estaba en el entonces coronel Galindo. El condenado fue ascendido a general por Belloch en mitad de las pesquisas. Jáuregui, que blindó muchas de las actuaciones a los ojos de los ex de Intxaurrondo, fue asesinado por ETA años después.

    Igual ocurría en el plano judicial. Hubo que sortear muchas de las maniobras encaminadas a embarrar el terreno de juego por parte de aquellos hombres del Estado que no quería levantar las alfombras sino esconder debajo toda la porquería.

    Desde las paredes de la Audiencia se alertaba a los investigados. Durante meses estuvieron al cabo de la calle de los pasos que daban los hombres de De Federico, que se sentían espiados. Tres fueron los pilares judiciales: los fiscales Ignacio Gordillo y Jesús Santos; y el juez que instruyó la causa, Javier Gómez de Liaño. Sin ellos la resolución del caso hubiera sido imposible. Sí, Iruin tuvo un peso importante. Pero sin Margarita, Federico, Jesús, Ángel, Juan María, Pedro, Ignacio, Jesús o Javier, entre otros, aquellos que desde sillones del Estado trataron de torpedear el caso, hubieran ganado la batalla.

    Fuente: http://www.elmundo.es/cronica/2014/10/12/54390f0aca47415f608b4575.html

    Saludos.

  2. Io dice:

    Hay Sentencia, ciertamente, condenando a España por violación del 6.1 y desestimando la demanda en todo el resto.
    El Gobierno de España puede recurrirla en tanto no adquiera firmeza, si estima que hay razones jurídicas solventes para ello.
    Aguardaré pues, el resultado judicial de este largo e interesante conflicto jurídico.

    Agui,( http://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/402/056/original/20170613-estrasburgo-atutxa-knorr-bilbao.pdf) un enlace con la Sentencia en francés, no firme aún.

    Saludos.

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