DERECHO A DECIDIR, UN DEBATE ACTUAL Y UTIL
Una sala abarrotada siguió las jornadas sobre autodeterminación y derecho a decidir
Esta tarde acabamos de terminar un seminario que hemos organizado siete eurodiputados de cuatro grupos políticos y cinco naciones europeas sin estado para hablar sobre los procesos políticos abiertos en Europa para ejercer el derecho a decidir de las sociedades que desean crear un estado propio o disponer de mayores niveles de autonomía. Hemos trabajado en este evento la galesa Jill Evans, la Irlandesa Martina Anderson, el flamenco Mark Demesmaeker los catalanes Ramón Tremosa y Josep María Terricabras y Josu Juaristi y yo aportando la visión vasca sobre estas cuestiones. Os adjunto el programa donde podréis ver el panel de especialistas que nos han acompañado.
Desde Euskadi ha aportado una visión jurídica de esta cuestión el profesor Juanjo Álvarez y ha explicado el proceso que está poniendo en marcha Gure Esku Dago Angel Oiarbide. Dada la natural tendencia que tienen algunos estados miembros a tratar de encerrar este tipo de problemas en la jaula de los debates jurídicos os coloco aquí la opinión al respecto que un especialista como Juanjo ha sostenido ante el repleto auditorio que se interesaba hoy en Bruselas por esta cuestión.
Porque esa es la primera cuestión que, me parece, es oportuno subrayar. Estamos muy acostumbrados a escuchar que estos son debates que solo nos interesan a unos y que somos pocos. Yo comparando la audiencia que ha tenido esta jornada con las que suelen tener otras que se celebran en el parlamento Europeo abarrotar una sala con más de doscientas personas es un significativo indicador.
La segunda es que, escuchando las intervenciones que se han producido he sacado la impresión de que va construyéndose una visión compartida sobre cómo deben abordarse estos problemas en la Europa de hoy y que esa reivindicación tomará cuerpo para convertirse en una exigencia hacia las instituciones comunitarias. Así lo vimos también en un seminario al respecto que organizamos con la Fundación Sabino Arana. Porque hay ciudadanos de primera, que viven en estados en los que estas cuestiones se dirimen pro procedimientos escrupulosamente democráticos. Y hay ciudadanos de segunda más acostumbrados a vérselas con tribunales y perderse en interminables batallas jurídicas que pretenden, exclusivamente, cercenar un debate que debería producirse para empezar en términos políticos. Claro que asuntos como el Brexit están mponoendo sobre la mesa la completa paradoja que supone la cerrada defensa del derecho a decidir que hacen algunos estados y la incomprensible amnesia que les entra cuando quienes quieren decidir son sociedades que, por unas u otras razones, no han adquirido o siquiera aspiran a ser un estado.
Estamos ahora preparando unas conclusiones con todo lo escuchado estos días. Me ha tocado a mí preparar un primer borrador que comparto con vosotros. Estos son los diez puntos que de uno u otro modo han aparecido en las aportaciones de todos los que han participado en esta jornada.
He tratado en este decálogo evitar menciones específicas a los procesos concretos que se han expuesto y tratar de obtener unas conclusiones que unan todos los procesos democráticos que hemos analizado y las experiencias y puntos de vista de los juristas que nos han acompañado. Como he señalado al leerlas esta tarde, son una base de trabajo para que se realicen las aportaciones que se consideren oportunas y cerrar un documento definitivo. El decálogo que propongo es:
1.- El debate sobre el derecho a decidir es actual, democráticamente necesario, jurídicamente creativo y muy sugerente y oportuno como vía para mejorar la gobernanza y acercar las instituciones globales a los ciudadanos.
2.- Las reivindicaciones nacionales de hoy no se parecen a las del siglo XIX. Las sociedades que las impulsan son marcadamente europeístas. Sus ciudadanías Integran el papel de esas nuevas naciones en ese esquema dinámico, sinérgico y colaborativo que es la Unión Europea. Poner en marcha uno de estos procesos requiere para empezar un amplio acuerdo interno en la sociedad que lo impulsa.
3.- La doctrina jurídica internacional no prohíbe las secesiones. Los medios para impulsarlas son lo relevante y exigen procedimientos democráticos. Las declaraciones de independencia se producen por la vía del pragmatismo y la diplomacia. Ningún análisis solvente ni decisivo de las declaraciones de independencia realizadas en las últimas décadas se ha realizado desde perspectivas exclusivamente jurídicas.
4.- La primera puerta a la que debe llamarse ante un proceso de independencia son las Naciones Unidas. Solo cuando una nación es aceptada allí es sujeto de derecho.
5.- La Unión Europea debería ayudar a superar las tensiones que se generan por la resistencia de muchos estados a asumir una solución democrática para estas reivindicaciones nacionales. Sin embargo hay que reconocer que las herramientas jurídicas (tratados) plantean límites. Por eso europeizar un problema no garantiza solucionarlo. Estos límites de los tratados se han superado en otras ocasiones, y hay muchos ejemplos siendo el más significativo la Unificación de Alemania, aplicando el principio de la flexibilidad. La legislación europea está llena de excepciones que se basan en ese principio.
6.- La flexibilidad es la expresión política del pragmatismo que sirvió para fundar la Unión Europea que es hija de un procedimiento dinámico para generar y juridificar sinergias entre naciones. Leer los tratados desde esa perspectiva abre camino para resolver procesos de “ampliación interna”. Por eso, aunque el derecho a decidir no esté positivizado debe tener cobertura desde la Unión Europea que dispone de conocimiento y experiencia en la solución de graves problemas territoriales como los que se vivieron en Irlanda del Norte. Las dos vías de apoyo deberían ser:
Crear un proceso ad hoc para integrar nuevos estados que surjan de estados miembros ya integrados
Garantizar que estos debates en el seno de los estados se atengan a los principios de la democracia.
7.- El primer espacio para los debates sobre autodeterminación es el estado nacional. Un estado que pertenezca a la Unión Europea debería afrontar este debate democráticamente, sin vetos ni imposiciones.
8.- La mayor parte de los estados miembros tienen estructuras constitucionales e historia que les obligan a entender y asumir los debates sobre autodeterminación y derecho de decisión que se dan en su seno y en la Unión. De otro modo sería imposible entender su propia existencia.
9.- El derecho es un instrumento a favor de las decisiones ciudadanas, no un corsé. Estos problemas políticos no se pueden resolver aplicado un derecho esclerótico sino poniendo el derecho al servicio de la voluntad ciudadana. El derecho no es un dique sino una herramienta construir puentes para la convivencia.
10.- La naturaleza democrática de los procesos y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía son expresiones de una aspiración política que debe de abordarse política y democráticamente. Cualquier respuesta penal o represiva frente a ellas no debería tener cabida en el espacio de democracia y libertad que debe de ser la Unión Europea.
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El derecho a decidir es un derecho fundamental que debe ser reconocido y respetado en toda Europa.
Estoy de acuerdo con las conclusiones del seminario organizado por los eurodiputados de naciones europeas sin estado. El derecho a decidir es un derecho inalienable de los pueblos, que les permite elegir su propio futuro político y social.
Es importante que las instituciones europeas reconozcan este derecho y lo defiendan. El derecho a decidir es un principio democrático fundamental que debe aplicarse a todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.
El decálogo propuesto por el eurodiputado Josu Juaristi es un buen punto de partida para avanzar en este sentido. Los puntos 1, 2 y 3 son especialmente relevantes, ya que subrayan la importancia de la participación democrática, la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos.
Espero que las instituciones europeas se tomen en serio estas reivindicaciones y que trabajen para garantizar el derecho a decidir a todos los pueblos de Europa.