MEJORANDO LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN EUROPA

El pleno del parlamento Europeo reunido en Estrasburgo ha debatido y aprobado esta mañana una resolución para que la Comisión Europea plantee antes de septiembre de 2017 una propuesta para reforzar el control europeo sobre la calidad de la democracia en los estados miembros. El informe, liderado mi colega holandesa Sophie in t’ Veld, plantea la realización de un informe anual sobre el estado de los derechos fundamentales en la Unión elaborado por expertos independientes, la realización de un debate anual sobre la base de sus contenidos y propuestas concretas para prevenir y corregir en fase temprana vulneraciones sistémicas del Estado de Derecho superando las actuales capacidades de que dispone hoy la Comisión Europea para cumplir este objetivo. La propuesta pretende, entre otros objetivos, acabar con la llamada “paradoja de Copenhague” que da nombre a la diferencia que hay entre las condiciones que se exigen en el campo de los derechos y libertades a los candidatos a ingresar en la Unión Europea y la relajación con que se observan los incumplimientos de estos estándares en estados ya miembros de la misma.

Sinceramente creo que hacía falta ponerse serios en este asunto, porque cuando uno lee la Carta Europea de derechos Fundamentales y compara algunos de sus contenidos con el estado por ejemplo de la división de podres en España y en particular de la independencia judicial, los niveles de respeto a los derechos de las minorías, el desdén con que se tratan algunas cuestiones básicas para asentar en la sociedad los valores democráticos, la corrupción, etc. pues se deprime. Y más cuando ante incumplimientos flagrantes de estos estándares lo más que uno encuentra aquí es el clásico encogerse de hombros y la remisión a los límites que en este aspecto imponen los tratados a las instituciones comunitarias.

 Por eso hoy he apoyado la firma de este Pacto Europeo para defender el Estado de Derecho y los principios de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que pretende mejorar la calidad de la democracia en la Unión. En mi intervención he denunciado casos de vulneraciones flagrantes que ocurren en el estado español, he destacado que en la Unión Europea deberían de ser imposibles y he deseado que de producirse “al menos tengan precio”.

Me ha parecido además de justicia aplaudir el empeño de Sophie in t’ Veld que lleva años trabajando en esta propuesta cohtra viento y marea. Me parece que la propuesta que finalmente hemos aprobado es realista y realizable para mejorar la Democracia en la Unión. Vistos los precedentes y los intentos frustrados de que se apliquen con más vigor los procedimientos actualmente existentes considero imprescindible un informe anual objetivo, independiente y abierto a la participación ciudadana sobre cómo está la salud de la Democracia en Europa y medidas de previsión y corrección porque hay mucho que mejorar. En la actualidad el propio Parlamento elabora un informe al respecto que este año ha contado también con numerosas aportaciones nuestras, pero este debate se agota en sin que luego sigan adelante las numerosas quejas e irregularidades que el parlamento considera que debiesen investigarse o corregirse. El Marco que debería permitir abrir diálogos con los estados afectados para corregir los problemas no acaba de emprenderse y el procedimiento no funciona bien porque la Comisión se ciñe siempre a recordar que solo puede intervenir en casos en los que las vulneraciones se produzcan en aplicación o por contravención de las normas comunitarias.

En estos años he presentado realizado numerosas iniciativas vinculadas a la denuncia de este tipo de conductas, y a tenor de las respuestas que he ido recibiendo he tratado de centrar el foco en las que ofrecen un asidero claro para la intervención comunitaria. Se trata, por ejemplo, del flagrante incumplimiento por parte de España de la decisión marco sobre Reconocimiento del Cumplimiento de penas, que se realiza con el empecinamiento de la parte “popular” de los más altos tribunales españoles. Esta Decisión marco, firmada en su momento por España es vital para la creación de un espacio común de libertades. Esta vulneración ya podría corregirse con los mecanismos de hoy. Aquí casi todos los meses votamos resoluciones sobre la calidad de la democracia de muchos estados del mundo, vecinos de la UE o terceros. Me pregunto que pensaría si en uno de esos informes pudiese leer que el estado objeto de análisis  desoye recomendaciones de las Naciones Unidas para reparar a víctimas de su propia dictadura; que un ministro de interior conspira en su propio despacho para inventar expedientes penales contra sus rivales políticos, que son además miembros de una minoría tradicional. Que el presidente del gobierno había anunciado a un procesado por financiar ilegalmente el partido que comparten que le proporcionará jueces “de confianza” y que tal promesa se cumplió. Yo pensaba que en nuestra Unión estas cosas eran imposibles. Hay que conseguir que, al menos, tengan precio.

Todas estas cosas, como bien se sabe, ocurren hoy en un estado miembro de la UE. Que menos que pedir algún procedimiento para que se prevengan, se denuncien, se condenen, se califiquen como hechos impropios de una democracia avanzada y acaben valorándose a la luz de esos valores que muchos consideramos el espejo sobre el que construir una sociedad más libre y justa que la que sufrieron nuestros padres. Esto es lo que pretende un informe que debe reforzar el substrato político y moral de nuestra Unión.

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