BRUSELAS DEBE MOVER FICHA ANTE LA ACTITUD DE ESPAÑA CON LA TORTURA Y LA JUSTICIA PENAL

TORTURA

Estos días he tenido la oportunidad de leer un resumen operativo del informe que el Comité para la Tortura de las naciones unidas ha elaborado sobre la situación de este delito en España. En seis años apenas se ha progresado en la prevención y castigo de este tipo de delitos. El propio tribunal europeo de los derechos humanos, en consonancia con lo que se escribe en el informe lleva en los últimos tiempos cinco condenas al Estado español por negarse a investigar este tipo de denuncias.

Ya sabéis lo que pienso sobre la situación del estado de derecho en España. Se acumulan los indicios de que la situación es manifiestamente mejorable. Recordar el informe que os presenté aquí sobre la situación de la justicia y sus evidentes problemas de independencia. Luego los hechos ratifican lo que dicen estos informes. Al asunto de las torturas se suma, por ejemplo, la irresponsable, cuando menos, actitud del Tribunal Supremo que sigue insistiendo en ignorar decisiones marco que son de aplicación, según la Comisión europea en los estados miembros de la Unión.

Estos hechos me han parecido más que suficientes para saber si las reiteradas condenas que ha recibido España en los últimos tiempos por no investigar delitos de torturas y su negativa a cumplir decisiones marco como la que obliga  reconocer las penas cumplidas en otros países preocupan en Bruselas. La Comisión se dotó en 2014 de un marco para salvaguardar el estado de derecho que se activa ante posibles casos de amenaza sistémica contra el mismo. Las recientes advertencias del Comité contra la Tortura de la ONUy la propia Comisión Europea por los episodios citados son elementos suficientes para, al menos iniciar una investigación sobre España por estas cuestiones.

Planteamos esta iniciativa para que la Comisión Europea active las herramientas que tiene para, al menos, pedir datos a España, ante estas alteraciones del estado de derecho. Hay sentencias europeas reiteradas por no investigar torturas y un aviso de la ONU por ello. La propia Comisión ha dicho que hay que reconocer las penas cumplidas en otros países. Esta misma semana el Tribunal Supremo ha ignorado ésta advertencia. Encima llueve sobre mojado. En Estrasburgo todo el mundo recuerda que las máximas autoridades judiciales españolas ampararon la llamada doctrina Parot, cuando todos los expertos decían que era una auténtica chapuza. Creo que la Comisión tiene competencias y mecanismos para decirles a las autoridades judiciales y al gobierno español que en la carta Europea de los Derechos Fundamentales no caben estos comportamientos.

En la iniciativa que he presentado esta misma mañana recuerdo que la Comisión Europea adoptó el 11 de marzo de 2014 un marco para salvaguardar el Estado de Derecho en la Unión Europea. Este procedimiento establece mecanismos concretos para prevenir, detectar y neutralizar amenazas sistémicas contra las libertades y derechos recogidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El marco anima, ante situaciones de posible amenaza, a un diálogo entre Comisión y estado miembro afectado, destinado a encontrar soluciones que restauren los valores de la Unión y eviten recurrir a las previsiones de sanción establecidas en el artículo siete de los tratados. Este diálogo se inicia con una investigación europea y continúa con la redacción de unas recomendaciones para subsanarla y un seguimiento comunitario del cumplimiento de las mismas por parte del estado miembro.

En coordinación con la iniciativa planteada esta misma semana por nuestro grupo en el Congreso, he informado al ejecutivo comunitario que el reino de España ha sido condenado en los últimos tiempos en cinco ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias por torturas. Igualmente les recuerdo que ha promulgado leyes retroactivas centradas en impedir la aplicación de decisiones marco vinculadas al reconocimiento entre miembros de la UE de sus sistemas de justicia penal. Dicha reforma ha propiciado que esta misma semana el Tribunal Supremo anulase una decisión de la Audiencia Nacional que si aplicaba los principios recogidos en la disposición comunitaria que como toda decisión marco ha sido suscrita por todos los estados miembros. La decisión se produjo pese a un pronunciamiento explícito del propio gobierno europeo recordando que  “de conformidad con el artículo 17 apartado 2, de la Decisión marco, la autoridad competente del Estado de ejecución deducirá del período total de privación de libertad que haya de cumplirse en el Estado de ejecución todo el período de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia”.

La Comisión debería juzgar significativo que ante la reiteración de sentencias condenatorias el Comité contra la Tortura de la ONU haya advertido por este comportamiento al Reino de España. Igualmente considera un ejercicio de coherencia interesarse por el incumplimiento en España del reconocimiento de penas cumplidas en otros estados. Estos hechos plantean dudas sobre la seguridad jurídica en España (elaboración reiterada de leyes con efectos retroactivos). Igualmente aportan signos de que se están produciendo decisiones arbitrarias del poder ejecutivo en un campo directamente relacionado con el disfrute de derechos humanos básicos. Finalmente las propias sentencias de Estrasburgo aluden a una preocupante ausencia del necesario control jurisdiccional independiente y efectivo de delitos tan graves como el de la tortura.

Por ello hemos movido ficha. Ya propusimos en su día en Estrasburgo generalizar en toda Europa el sistema de grabación en calabozos de que dispone la Ertzaintza, para prevenir la tortura, porque esta es una verdadera preocupación para nosotros y tenemos una ejecutoria inmaculada. Desde esa legitimidad queremos saber si este conjunto de preocupantes indicios merecen al menos iniciar la recogida de datos y evaluación prevista en este marco de salvaguarda para valorar si existe una amenaza grave contra el estado de derecho. Si nos dicen que no nos gustaría saber cómo justifica la Comisión no poner en marcha los procedimientos previstos ante hechos de esta gravedad que encajan como un guante en la casuística para la que se aprobaron estos instrumentos de control.

El Premio Nobel de la Paz recibido por las instituciones europeas debería animarles a tomar una actitud más visible y activa ante situaciones que empiezan a tomar un preocupante cariz. La Comisión además tiene otro acicate para tomarse este asunto en serio. Uno de sus vicepresidentes, en teoría, se dedica expresamente a esta tarea.

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Comentarios (7)

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  1. Txol dice:

    Egun on, o egun off que dan lluvias. Izaskun que acaban de implantar la ley mordaza, que a estos les gusta que la gente viva asi, como en antaño..y de paso que sabemos del señor Rato ???

    Musus

  2. Io dice:

    La tortura es inadmissible bajo cualquier punto de vista y ha de ser combativa su practica y su enmascaramiento.
    No tengo ninguna duda sobre ello.
    Y de en ser combatidas también con energía las falsas denuncias sobre malos tratos policiales y sobre torturas.
    Le recuerdo a mi eurodiputada que hace pocos años fue noticia de escándalo difundida por la SER sobre la consideración de la policía autonómica vasco como el cuerpo policial español que cosechaba el mayor volumen de denuncias por violencia y abusos policiales, incluida la tortura.
    Dado su conocimiento interno del funcionamiento de la Ertzaintza y su experiencia sobre la realidad de la sociedad vasca, ¿como explica usted el hecho de que se produjera ese aluvión de denuncias en la CAPV contra la actuación de ese cuerpo policial?
    ¿Qué ocurría y qué ocurre?
    ¿Hay o no consigna sectaria para producir denuncias falsas en el entorno del entorno de la cosa?
    ¿Y habrá o no que pedirles a las instituciones
    europeas que aborden el modo de atajar la falsedad en las estadísticas públicas, o en las denuncias por violencia policial?

    Bienvenida sea la lucha para erradicar la tortura de nuestra realidad. No es la única lacra a erradicar.
    Y lo dejo aquí, que Vitoria también forma parte de lo que hay.
    Salud y saludos.

  3. Efectivamente conozco perfectamente el funcionamiento interno de la Ertzaintza y ante las falsas denuncias de torturas y malos tratos contra la ertzaintza reaccionamos con más transparencia y más garantías y dejamos de tener denuncias.
    Medidas:

    1.- Explicación en el parlamento vasco con todo tipo de medios y recursos de cada operación antiterrorista, que incluía siempre un apartado dedicado al trato a los detenidos.

    2.- Remisión al Comité de Prevención para la Tortura de las Naciones Unidas y al Consejo de Europa de estas mismas explicaciones con el mismo nivel de detalle. Le adjunto por aquí alguna de esas explicaciones y los efectos que tenían sobre los autores de estas campañas. http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/publi/3/05/01/19980612.pdf#3

    3.- Limitación del uso de las medidas de incomunicación que permite la ley al mínimo imprescindible (asegurar las pruebas a recoger en la investigación)

    4.- Instalación de cámaras en los calabozos para tener un seguimiento exhaustivo del paso de los detenidos por dependencias policiales.

    5.- Elaboración de un protocolo de tratamiento de los detenidos que mereció el reconocimiento de las autoridades europeas. Incluye control permanente de las personas detenidas en los calabozos de la Ertzaintza por medios personales y sistemas de seguridad pasiva.

    6.- Incorporación de un módulo específico para la prevención de torturas en la formación de loa agentes de la ertzaintza.

    7.- Investigación exhaustiva de todas las denuncias recibidas.

    8.- Liderazgo radical de las autoridades del departamento de interior contra la práctica de torturas, tratos inhumanos y degradantes.

    Estas medidas acabaron con las falsas denuncias.

  4. Io dice:

    Celebro su comentario.
    Muchas gracias, señora.
    Aguardo ahora, si es que se aviene a ello, la respuesta que pueda aportar a las otras preguntas que formule.
    Salud y saludos.

  5. Ok.

    Evidentemente hubo consignas para denunciar torturas se produjesen o no, pero las estadísticas europeas se refieren a las denuncias presentadas, las investigadas y las concluidas con condena. La existencia de esas campañas, no obstante no exonera a las autoridades de su responsabilidad para prevenir y castigar el delito de tortura. Bien al contrario, ante una actitud así es cuando la mejor herramienta es la prevención y la transparencia. La Ertzaintza gracias a estas medidas supero ese “aluvión”. Las cifras son significativas. Aquí una comparativa del número de denuncias que aparecen en el informe sobre torturas que prepara el prestigfioso forense Paco Etxebarría:
    Ertzaintza 271 casos denunciados, frente a los 1.319 casos que se vinculan con actividades del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y los 1.174 denunciados en casos de detenciones practicadas por la Guarcia Civil.
    Aquí la única condena recibida por la ertzaintza por malos tratos, que no por torturas, que fue investigada y sancionada por el propio departamento vasco de interior.
    http://elpais.com/diario/1992/04/02/espana/702165612_850215.html

  6. Io dice:

    Tomo nota de lo que ha incluido en su Ultimo comentario.
    Coincido con usted en que la responsabilitat de las autoridades para prevenir y para perseguir los abusos policiales y la tortura existe y es exigible al margen de toda otraconsideracion.
    Gracias por su tiempo y por el contenido del mensaje.

    Me importa el proyecto europeo, incluidas las perspectivas para una mayor armonización fiscal.
    Me interesa la libre circulation de las personas en el marco de la UE pero es òbvio que si ello genera tensiones graves en alguno de sus Estados, habra que poner en marcha las cautelars ya existentes y tambien adecuarlas a la realidad de cada momento

    Seguiré con atencion el desarrolle de esa cuestion, señora.

    Salud y saludos..

  7. Io dice:

    La tortura es inadmisible y su condena y prevención es básica para cualquier sistema democrático.
    La posición distante y “distraída” de un poder autonómico como el de la CAPV respecto de las víctimas del terrorismo ha sido una canallesca anomalía de nuestra democracia, reconocida HOY por el presidente Urkullu. Le reconozco la decisión y valoro positivamente la claridad en el reconocimiento del grave error de comportamiento mantenido por el PNV en relación con las víctimas del terrorismo.

    La disputa del PNV con la izquierda patriótica para alzarse con la dirección hegemónica de las instituciones, parece que tiene mucho que ver con el cambio estratégico del PNV respecto de las sufridas y valerosas víctimas del terrorismo. ¡Bienvenido sea ese cambio! ¡Ya era hora!

    Ahora hay que seguir en la clarificación de los más de 300 atentados etarras pendientes de clarificación. Tiene campo para trabajar, el ejecutivo autonómico vasco.

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