LABEL VASCO EN LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE VICTIMAS

Ayer celebré mi cumpleaños recibiendo una buena noticia. Llevaba meses trabajando con las asociaciones de víctimas en la propuesta de directiva que va a establecer los derechos mínimos de estos colectivos en Europa en los próximos años.  Con sus aportaciones y la experiencia que nos transmiten las personas directamente responsables de la atención de este problema preparamos 31 enmiendas y la buena noticia es que ayer se aprobaron en su casi totalidad en la reunión conjunta de las comisiones de Libertades e Igualdad  del Parlamento europeo que viene tramitando esta iniciativa.  La nueva normativa europea sobre víctimas sin duda ha mejorado con estas aportaciones. El texto aprobado ayer se votará en el pleno de abril y deberá ser negociado después por la Comisión Europea y el Consejo antes de regresar de nuevo a la eurocámara donde se aprobará definitivamente.

 

Dos eran los objetivos básicos que perseguíamos con estas enmiendas. Podéis consultar en este documento todas las que presentamos. El primero se centra en una cuestión práctica, asistencial. Pretendíamos incorporar al elenco de derechos que corresponden a las víctimas de delitos el de la reducción al máximo de la burocracia que deben enfrentar para acogerse a los programas de ayudas. La eliminación de trabas administrativas debería ser un derecho y más para personas que encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como son las víctimas de delitos.

 

En el caso de este colectivo Los problemas proceden de que prácticamente la totalidad de los niveles administrativos ofrecen algún tipo de servicio a las víctimas de delitos. Eso propicia que tras sufrirlos la víctima deba iniciar un peregrinaje por diversas dependencias administrativas que abarcan desde la seguridad social a los servicios sociales de base del ayuntamiento sin que disponga además de un “mapa” claro de todas las posibilidades que se le ofrecen. Eso lo comprobamos cuando inició su trabajo en el Gobierno vasco la primera oficina de atención a las víctimas y es un verdadero clamor entre las asociaciones.

 

Para garantizar este derecho presentamos dos enmiendas, una en los considerandos de la norma, que es la que ha salido adelante y otra al articulado. Las dos contaron, con  la oposición de la ponente del PP en este informe que las consideraba, al parecer, excesivamente detalladas. Sin embargo la responsable de mi grupo sostenía que en todas las directivas se habla de reducir cargas administrativas y que era una de las pocas veces en que se concretaba como debería afrontarse ese reto con medidas específicas. Al final conseguimos aprobar una de las enmiendas. Desde ayer el texto que el parlamento defenderá ante la comisión y el consejo recuerda que “prestar una adecuada atención a las víctimas del delito requiere la implicación de servicios públicos gestionados por todos los niveles administrativos: comunitario, estatal, regional y local. Aboga por ello por el aprovechamiento de la experiencia existente en las administraciones públicas,  la coordinación interinstitucional y la participación de todos los niveles administrativos en el diseño e implementación de los programas de apoyo y en el estudio de su dimensión financiera”.

 

 Estas recomendaciones persiguen tres objetivos: facilitar la visibilidad y accesibilidad de la ciudadanía a estos programas, limitar o eliminar la carga burocrática que tiene para los usuarios el acceso a los programas en situaciones de prestación multinivel y garantizar la sostenibilidad de la asistencia. Para conseguir estos tres objetivos el Parlamento aprobó nuestra propuesta, la de que se promocione “el principio de “punto único de aceso” o “ventanilla única” y avanzar hacia una identidad corporativa europea única para identificar este tipo de servicio. La gestión de estos puntos de acceso debería ubicarse en el nivel administrativo más próximo al ciudadano o más coherente con la legislación interna del estado miembro. También debería propiciarse el uso intensivo de las TIC- para priorizar la presencia de estos programas en la oferta de administración electrónica.”

 

Esta fue la primera y petición que las asociaciones de víctimas me consta que trasmitieron a la comisaria Malmström en la reunión que mantuvieron en Bruselas hace aproximadamente un mes. Me sorprendió que un asunto de esta importancia no figurase en las enmiendas de ningún diputado y aún más que el PP se opusiese a estas aportaciones. Por ser sinceros en la lista de voto de este grupo parlamentario se apostaba por rechazar la inmensa mayoría de nuestras aportaciones, hasta enmiendas lingüísticas, que finalmente no se votaron, en las que eliminábamos alguna repetición de la misma expresión en dos líneas. Por supuesto que entre ellos y algún otro centralista se cargaron una enmienda en la que pretendía garantizar que los euskaldunes, catalano o gallego parlantes que son victimas de delitos pudiesen elegir esa lengua para sus relaciones con la administración aunque no sea la común del estado.

 

Estas aportaciones en el ámbito de las relaciones entre víctimas y administración se completan con mejoras en la formación del personal de las administraciones y las organizaciones no gubernamentales que atienden a las víctimas, garantizar la transparencia en su funcionamiento o garantizar el coste cero para las víctimas cuando deben participar en procesos judiciales en estados de la unión y regular el reembolso de los gastos en los que incurran. Tampoco nos olvidamos de las garantías que deben aplicarse a las personas con discapacidad promoviendo el empleo de formatos accesibles para el intercambio de información con ellas.

 

Otro de los objetivos básicos de mis aportaciones, también procedente de la inquietud expresada por las asociaciones de víctimas tiene que ver con el carácter básico de esta normativa europea y la necesidad de incorporar a la misma la problemática específica de víctimas de delitos como el terrorismo y la delincuencia organizada que tanta incidencia tienen en la sociedad vasca por culpa de las siniestras actividades de ETA.  La Comisión Europea no tiene por el momento previsto elaborar una directiva especial para este tipo de víctimas. Presenté para ello una enmienda que fue rechazada gracias a la oposición del PP en la que literalmente visto que la propuesta ” no aborda tampoco de manera específica la problemática de las víctimas del terrorismo y de las organizaciones mafiosas, se solicitaba que ” Las estadísticas que se elaboren sobre la base de los datos aportados por los estados miembros en torno al funcionamiento de los servicios de asistencia a las víctimas incorporarán apartados específicos destinados a esta casuística. En función de la dimensión de la casuística que aflore y de las nuevas necesidades que se detecten se elaborará una Carta Europea centrada en reconocer los derechos de las víctimas de este tipo de delitos” Mi texto detallaba además que esa normativa debería basarse en cinco pilares:

  • Plantear una definición europea de víctima de la delincuencia organizada y el delito terrorista con un relato eficiente de sus especificidades.
  • Reconocer el sufrimiento, ofrecer amparo y asumir que víctimas son quienes mueren, los heridos y también sus familiares, los amenazados, los objetivos de la violencia de persecución y su libertad, que es la libertad de todos.
  • Reparar el daño causado con medidas materiales decididas, promover la memoria y garantizar que se haga justicia.
  • Humanizar el debate sobre las víctimas de estas organizaciones que son individuos que sufren y en los que se encarna el ataque a los valores colectivos contra los que atentan este tipo de delincuentes.
  • Despolitizar el debate sobre las víctimas. Esta es una cuestión de principios: matan las personas totalitarias y fanáticas. Mata la perversión de los valores básicos de la humanidad. Ese es el origen de la violencia, nunca el libre intercambio de ideas democráticas.

Esta segunda parte comprendo que era entrar en demasiados detalles, pero consideré al menos necesario escribirla y presentarla para estimular un debate en torno a la doble victimización que producen el terrorismo y la delincuencia organizada. Contaba con que se retirase del texto. Me hubiese gustado, sin embargo que se aprobase la primera parte.

Por si acaso coloqué la misma idea tanto en el articulado de la directiva como en sus considerandos y al menos conseguí que se aprobase otra enmienda que tras recordar la agresión a los derechos individuales que supone cualquier delito recuerda la dimensión social de los delitos que cometen las organizaciones terroristas y mafiosas. Estoy particularmente orgullosa además de haber podido incorporar al texto de la directiva la problemática de la llamada “violencia de persecución” de la que tanto sabemos en Euskadi y en otros lugares asolados, por ejemplo, por las actividades de la mafia. El texto aprobado dice así:el delito es además una ofensa contra toda la sociedad y los valores de convivencia en que se asienta. Este principio es especialmente claro cuando algunas organizaciones pretende alterar las normas básicas de convivencia por vías antidemocráticas o  tratan de constituir sistemas de autoridad paralelos a los legítimamente constituidos utilizando la violencia. Tal es caso del terrorismo, de las organizaciones mafiosas. En esos casos aparecen problemas específicos, como la violencia de persecución, que generan especiales necesidades de protección, apoyo y reconocimiento a las personas que los padecen“.

También hemos reforzado las aportaciones efectuadas por otros eurodiputados para propiciar un  mejor trato en los medios informativos a las víctimas y su problemática. La directiva proponía en ese sentido que los medios se dotasen de un código de autorregulación en el seguimiento de informaciones en torno a las víctimas de forma que no se las entreviste cuando estén en estado de shock y se respete su honor e intimidad. Las enmiendas que me aprobaron ayer añaden además que dichos códigos, para merecer tal calificación deben “ser públicos, difundirse previamente a su aplicación y disponer de  mecanismos trasparentes de control de cumplimiento por parte de autoridades independientes. Los resultados de la aplicación de estos códigos de  autorregulación deberán ser publicados regularmente“.  

 

En fin, uno de esos días en los que después de bastante trabajo el resultado merece la pena. Veremos ahora que dicen la comisión y el consejo, poorque la pelota está en su tejado.

 

 

 

 

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