BRUSELAS REVISARA LA DECISION DE NO INDEMINZAR A LAS FAMILIAS DE LASA Y ZABALA

La Comisaria Europea de Justicia, Consumo e Igualdad de Género Vera Jourova ha informado esta mañana que la Comisión Europea está analizando si la decisión de las autoridades españolas de denegar una indemnización a los familiares de Lasa y Zabala es compatible con las normas europeas sobre asistencia a las víctimas de delitos. El anuncio se contiene en la respuesta a una iniciativa parlamentaria que planteé al conocer que no hay ninguna sentencia judicial firme que considere miembros de ETA a los dos jóvenes, torturados y asesinados por agentes de la Guardia Civil. 

Como se recordará el Constitucional, en un fallo que nuevamente dividió a los miembros del tribunal que lo adoptó, decidió rechazar una reclamación de las familias de estos dos jóvenes por serles denegadas las indemnizaciones que les corresponden como víctimas del terrorismo. El argumento esgrimido entonces era la pertenencia de ambos a la organización terrorista ETA. La legislación europea permite no conceder este tipo de indemnizaciones a familiares de miembros de organizaciones terroristas pero exige que dicha pertenencia esté acreditada por una decisión judicial firme. Tal requisito no se cumple en este caso.

Por esas razones Izaskun el pasado mes de marzo decidí solicitar a la Comisión Europea un análisis de los hechos a la luz de la normativa comunitaria. Lo hice porque pensaba entonces y sigo convencida hoy de que la decisión del gobierno español en primera instancia y la del Tribunal Constitucional después no es coherente con los considerandos 16, 32, 53 y 63 de la directiva europea 2012/29 que reconoce un catálogo de derechos mínimos de las víctimas a nivel europeo. Igualmente no es compatible con los contenidos de los artículos 8 y 22 apartado 3 de dicha directiva.

Estas disposiciones están vinculadas a la especial protección que merecen las víctimas que a la vista del delito que han sufrido necesitan especial atención y protección. Entre ellas se citan las víctimas del terrorismo. Así lo explicaba en la crónica que dediqué entonces aquí a informar sobre esta iniciativa. Si el desdén con cualquier víctima es muy negativo especialmente grave me parece que no se extreme la diligencia con víctimas del terrorismo de estado, prolongando el discurso de legitimación de la violencia con que operaron los autores de estos horribles crímenes.

Como habéis podido ver en el documento que se adjunta al principio de esta crónica, la comisaria de justicia ha informado esta mañana que las autoridades comunitarias, como es habitual en el proceso de control sobre cómo se integran las disposiciones comunitarias en el derecho interno de cada estado miembro, ha recibido datos sobre cómo se ha traspuesto en España “ la Directiva 2012/29/UE. La Comisión está examinando de qué manera se recogen las disposiciones de la Directiva, incluidos los artículos 8 y 22, apartado 3, a que hace referencia Su Señoría, en las normas y prácticas nacionales de ejecución”

En su respuesta la comisaria se refiere expresamente a la denegación de las indemnizaciones a las familias de Lasa y Zabala y anuncia que se está estudiando lo ocurrido en el caso: “Si el análisis de la situación que Su Señoría ha puesto en conocimiento de la Comisión revela una falta de conformidad con el Derecho de la Unión, enfatiza Vera Jourova, la Comisión podrá adoptar las medidas necesarias, incluidos procedimientos de infracción, si procede”.

Finalmente la comisaria recuerda que el análisis se efectuara exclusivamente sobre cómo se cumplen en el caso los artículos 8 y 22 de la norma comunitaria porque  “la evaluación de la conformidad efectuada por la Comisión no incluye el examen de las normas nacionales a la luz de los considerandos de la Directiva, que no son jurídicamente vinculantes, y cuya finalidad es ayudar a interpretar las disposiciones del acto en cuestión”.

Ahora solo cabe desear que la intervención de Bruselas contribuya a corregir una situación a todas luces injusta porque supone una verdadera burla y escarnio para los familiares de estas víctimas del terrorismo de Estado. Lo acontecido con estas personas es un pésimo precedente moral y ético y en mi opinión  incumple claramente la legislación comunitaria. No cabe duda de que el asesinato de Lasa y Zabala fue un acto de terrorismo de estado, porque hubo personas condenadas por ello. Si ese estado quiere tener legitimidad cuando reclama, con toda la razón, verdad justicia y reparación para las víctimas del terrorismo, debería de comenzar aplicándose el cuento en primera persona. Y en este caso, está dando un espectáculo lamentable”.

 

 

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