RECORDAMOS EL BOMBARDEO DE GERNIKA PIDIENDO QUE LA POLITICA ESPAÑOLA SOBRE MEMORIA DEJE DE SER LA EXCEPCION EN EUROPA

Los organizadores de las jornadas, José María Terricabras, Ramón Tremosa, Jordi Solé, Clara Aguilera, Josu Juaristi, Marina Albiol, Izaskun Bilbao, Miguel Urban y Ernest Urtasun

Los organizadores de las jornadas, José María Terricabras, Ramón Tremosa, Jordi Solé, Clara Aguilera, Josu Juaristi, Marina Albiol, Izaskun Bilbao, Miguel Urban y Ernest Urtasun

 

Quiero que escuchéis con atención el vídeo que abre esta crónica. Pablo de Greiff, relator de la ONU para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición explica bien porqué, ochenta años después del bombardeo de Gernika tenemos que seguir recordando a las víctimas de aquella massacre en la que la Lutfwafe ensayó las técnicas de destrucción y ataque contra población civil que pondría después en práctica en la segunda guerra mundial.  Hoy hemosmcomenzado nuestro particular homenaje a las víctimas de aquella massacre y de toda la dictadura franquista escuchando este testimonio, porque hoy hemos celebrado en Bruselas unas jornadas sobre verdad, memoria, justicia y reparación destinadas a recordar aquí el 80 aniversario del bombardeo de Gernika. Ya sabéis que desde que comenzó la legislatura un grupo de eurodiputados venimos trabajando para que acabe la impunidad de los crímenes franquistas. En esta ocasión, Clara Aguilera (S&D); Ramon Tremosa (ALDE); Marina Albiol, Josu Juaristi y Miguel Urban (GUE); Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras y Ernest Urtasun (Greens- ALE) y yo misma hemos querido homenajear y reconocer a estas víctimas solicitando a España que adapte sus políticas de memoria a los estándares y recomendaciones internacionales. Igualmente hemos remitido una carta al vicepresidente que se ocupa en Bruselas de la calidad del estado de derecho, el holandés Frank Timmermans, solicitando que anime este cambio para evitar discriminaciones entre ciudadanos de la Unión.

Para nosotros ha sido una ocasión inmejorable para poner en valor el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de diciembre, a instancias de este grupo en el que esta institución se suma a otros llamamientos internacionales y “Considera imprescindible que todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios” El Parlamento pide además a los “Estados miembros que prevean la formación necesaria para los profesionales de la justicia en este ámbito y a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de la situación de estos procesos con vistas a promover la Memoria Democrática en todos los Estados miembros”. Finalmente “alerta de que el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de Derecho”

A mi me ha tocado abrir las jornadas, ocasión que he aprovechado para recordar los objetivos que persigue el grupo de eurodiputados que las han organizado: que se cumplan las leyes internacionales y las recomendaciones de la ONU, Consejo de Europa y los mandatos del Parlamento Europeo sobre Memoria histórica. He insistido en que la situación estatal es una excepción en Europa y he animado a las instituciones comunitarias a que intervengan, en línea con los mandatos parlamentarios, porque las víctimas de las que hablamos siguen sufriendo hoy. Estamos recordando, en el mismo corazón de Europa, que la ciudad mártir en la que la aviación alemana ensayó las técnicas de aniquilación de civiles que asolarían este continente un par de años después, es un ejemplo de lo que queda por hacer para equipararnos a Europa en materia de memoria. Porque las víctimas de aquel bombardeo recibieron hace veinte años la expresa petición de perdón de las autoridades alemanas. La que todavía hoy tienen pendiente los gobernantes del estado español.

Con este punto de partida como norte de las jornadas los trabajos se han abierto con un mensaje grabado en vídeo ayer mismo por el relator de las Naciones Unidas para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición Pablo de Greiff autor de un informe específico sobre las políticas de memoria en el estado español. El abogado colombiano ha felicitado esta iniciativa que se produce “en un momento delicado” para los Derechos Humanos en el Mundo y ha aprovechado la ocasión para enviar a los participantes un mensaje de apoyo para que continúen reivindicando los derechos de las víctimas de la dictadura franquista. De Greiff ha subrayado que en el estado español “predomina un discurso que trata igual todas las violaciones producidas durante la guerra y los 40 años de dictadura, una posición que deliberadamente impuso el franquismo, un intento de asumir simetrías en el comportamiento de los dos bandos”. El relator, que ha reiterado las conclusiones y recomendaciones de su informe de 2015 ha avisado igualmente que la Ley española de Amnistía de 1977 “impide el derecho a la verdad”.

La conferencia ha contado con tres paneles: en el primero, expertos legales han tratado la recuperación de la memoria histórica desde un punto de vista jurídico; en el segundo, se han comparado las políticas de verdad, justicia y reparación en Portugal, Alemania y el Estado español; y en el tercero se ha dado voz a las víctimas del franquismo. Entre los especialistas se encontraban desde el director de memoria de la junta de Andalucía a activistas de los derechos civiles como Jacinto Lara, miembros de asociaciones de víctimas como Josu Ibargutxi o Paqui Maqueda o el Comisionado federal alemán Roland Jahn, que dirige la recuperación de los archivos de la antigua policía secreta de la Antigua República Democrática Alemana (Stasi).

LFinalmente hemos presentado nuestras reivindicaciones mediante un manifiesto que denuncia “la singular situación que viven hoy en el Estado español las víctimas del franquismo” y reclama que el Estado español, al igual que han hecho otros estados europeos, “ajuste sus políticas de memoria a las exigencias de verdad, justicia y reparación a la que le obligan los estándares internacionales”.

 

 

 

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