SOLIDARIDAD CON MAS, ORTEGA Y RIGAU.

Con el Presidente Mas tras el 9-N

Con el Presidente Mas tras el 9-N

El nueve de septiembre de 2014 asistí como observadora al proceso participativo que se desarrolló en Cataluña en torno a una posible vía para dar la apalabra a la ciudadanía en torno a la futura articulación institucional de aquel país. Más de dos millones de personas salieron a la calle y depositaron su opinión en unas urnas cuyo simple despliegue fue ridiculizado y descalificado días antes como un asunto intrascendente desde el Gobierno. Ayer tres personas que siquiera fueron personalmente requeridas en torno a estos hechos, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau  han sido condenadas. Ya me solidaricé con ellos cuando fueron denunciados y tengo la obligación política y moral de hacerlo ahora tras la condena.

Mi primer impulso es solidarizarme con los tres, mostrarles todo mi apoyo y rechazar sin paliativos tanto los argumentos jurídicos que han dado lugar a esta sentencia como el agravio comparativo que supone el incumplimiento constatado, fehaciente, militante e incluso desafiante que muchas instituciones estatales hacen de sentencias judiciales del mismo tribunal sin que se produzcan ni procesamientos ni condenas. Denuncias si, porque el partido de Mas acaba poner en un aprieto a los severísimos e imparcial les magistrados que persiguen a los desobedientes e incumplidores recordándoles, mediante una denuncia penal, que el gobierno del PP incumple reiteradamente las sentencias del constitucional recaídas en el conflicto abierto por la concesión de subvenciones a cargo del IRPF, también conocido como el caso del 0,7%. Es, simplemente, un escándalo y la palmaria demostración de que en España la justicia no es igual para todos.

El segundo insistir en que quienes crean que con este episodio han resuelto el problema van dados. Porque es evidente que estamos ante un problema político que debe abordarse desde la política. Convertirlo en materia judicial solo anima a crispar el enfrentamiento y alejar las posibilidades de resolver este problema por la vía que tiene solución: el diálogo y el acuerdo. En consecuencia la rentabilidad electoral a corto que le proporciona al gobierno del estado esta actitud de presunta firmeza se tornará en perjuicio cuando los que ahora jalean este error comprendan que solo empeora la situación.

Por proponer una situación que pueda ilustrar lo que digo se me ocurre que en los próximos meses puede que veamos a algunos ilustres togados del Tribunal Supremo realizando un ejercicio de “ingeniería juridica” de la misma ínfima calidad técnica y democrática que proponía el Gobierno para incumplir, si, incumplir, la sentencia mediante la que el Tribunal de Estrasburgo anuló la doctrina “Parot” para empezar a procesar parlamentarios catalanes por proponer y aprobar una ley que apueste por la independencia de Cataluña. Porque solo mediante una chapuza de similar calado a la propuesta por Fernández Díaz o a la firmada por el tribunal Supremo de España para merecer la mencionada condena, olvidar que sin ley no hay pena y que no se puede aplicar retroactivamente la ley,  se puede sortear el principio constitucional de la inviolabilidad parlamentaria. Es obvio que pueden anularse las leyes que apruebe el Parlamento de Cataluña, pero nada más. Lo que acredita que las condenas de ayer no sirven absolutamente para nada y que salvo chapuza estratosférica la “vía penal” llega a su estación terminus. Sencillamente porque no resuelve el problema de fondo. Eso si: polariza y pueden llevar la situación a un climax realmente peligroso. Solo una ceguera completa o, lo que es peor la más absoluta irresponsabilidad, cortoplacismo y frivolidad pueden animar a alguien a continuar por ese viaje a ninguna parte.

El tercero recordar que viene tiempos de turbación para este tipo de posicionamientos. La prensa europea, incluida la hispana, también abordan esta semana con interés las últimas noticias en torno al Brexit. Al parecer la Reina de Inglaterra sancionará la ley de desconexión en breve. Tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, sus respectivos mandatarios han dejado perfectamente claro que secundarán a sus ciudadanías y trataran en un caso de integrarse en la república de Irlanda y en el otro de realizar un referéndum de independencia para seguir siendo ciudadanos de la UE.

No va a haber dudas en este caso sobre la naturaleza del problema: político, ni sobre los procedimientos para resolverlo. En ninguna cabeza de Bruselas cabe activar vía penal alguna contra quienes se dediquen, por la vía de la política, a buscar acomodo en los tratados europeos al deseo de irlandeses del norte y escoceses de seguir siendo europeos. Tampoco sobre la ayuda que desde Bruselas recibirán para lograrlo como ya ocurrió cuando, aplicando el principio de autodeterminación se produjo la integración alemana y el ingreso de los ciudadanos de la antigua Alemania del este en la Unión Europea. España ya ha anunciado que se opondrá al deseo de Escocia de integrarse en la UE pero no habrá podido evitar que las anacrónicas y antieuropeas ideas sobre democracia, soberanía y estado que maneja su actual gobierno queden retratadas como lo que son: cosas de otros tiempos.

Mi cuarta consideración es una consecuencia de la tercera y realmente pretende aportar un poco de ironía para poner en su justo término las campanudas y lamentables arengas sobre “el imperio de la ley” que escuchamos estos días tras la condena. Hay que recordar que todos los españoles que aplauden hoy las condenas contra Mas son independentistas, están perfectamente orgullosos de serlo, se inventan en parte la historia y no consideran su independentismo una doctrina de campanario ni una posición extravagante y mucho menos tan atrabiliaria como para llevarla ante los tribunales de justicia. España es un estado independiente, no es Francia ni Portugal, tiene y defiende sus herramientas de estado y así se siente, percibe y considera. En consecuencia los españoles son independentistas. No entiendo porque a ellos si les parece estupendo y les está permitido y a otros, con las mismas aspiraciones y una propuesta democrática para alcanzarlas,  no se les reconocen los mismos derechos.

Finalmente debo terminar lamentando que la condena no me sorprende. Me lo esperaba, porque cosas peores hemos visto. Cuando comento aquí, en Bruselas, un caso como el que le ocurrió al presidente del parlamento Juan María Atutxa y dos miembros de la mesa del Parlamento Vasco Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, que fueron injustamente condenados por cumplir el reglamento de aquella institución y aplicar la vigente doctrina constitucional sobre lo que son en derecho grupos parlamentarios, la gente sencillamente no se cree que en un estado europeo, miembro de la Unión puedan ocurrir episodios de un calibre tan antijurídico que rozan la desfachatez.

No en vano el recurso sobre este lamentable episodio ha sido admitido a trámite por el Tribunal de Estrasburgo y no me cabe ninguna duda de que dicha corte volverá a sacar los colores a la “justicia” española por un caso en el que en mi modesta opinión, podría apreciarse sin gran dificultad el tipo jurídico de prevaricación en la actitud de algunos de los firmantes de aquella llamémosle “sentencia”. Ídem sobre el recorrido del asunto en el Constitucional que solo puede tacharse de vergonzoso, especialmente desde que en su última etapa en el llamado “alto tribunal” se adjudicó la re-redacción de una sentencia que amparaba a los tres condenados a un personaje tan ajeno a los hechos como Enrique López López, nada menos que portavoz del Consejo del poder Judicial que presidía el magistrado que firmó los autos que llevaron al procesamiento y condena de los tres diputados vascos mencionados. Paradójicamente fue otra causa mucho más peregrina y no su reconocida tendencia a proteger los intereses de personas que militan en una sigla política muy determinada, los que le acabaron costando el cargo que ocupaba en la famosa mastaba de la calle Scarlatti.

En consecuencia mucho ánimo a los condenados, templanza a los adversarios de los mismos y política, porque por la vía penal no se resuelven estos problemas.

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    Comentarios (1)

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    1. Jordi dice:

      Usted elige a sus “amistades” políticas.
      Me ocupo de ello, muy a mi pesar, porque es usted representante política mía en activo en el Parlamento europeo.

      Ese trío de delincuentes al que usted envia animos yo se los juego. Y hago votos para que en la apelacion vena incrementadas sus muy livianas penas por otras algo más contundentes, proporcionales a la gravedad de sus delitos.
      La templanza del Gobierno de la Nación en relación con las actuaciones de ese trío contrarias a derecho, esa templanza, está muy acreditada.
      Y el sonsonete final de que “estos problemas no se resuelven por la via penal” me parece falaz y dingo de una estrategia de guerra psicoligica pero nada until. Es cierto que ese trio han impulsado y sostenido actuationes delictivas desde su condición de políticos con rango de autoridades públicas, lo que no es ningún atenuante a mis ojos, más bien lo contrario. Y quien transgrede gravemente el sistema jurídico vigente, ha de recibir la sanción penal correspondiente, por equidad y por necesidad de defensa del sistema democrático español.
      La soberbia de ese trío de delincuentes y de muchos nacionalistas radica, a mis ojos, en pretender usurpar la soberanía de toda la ciudadanía y sustituirla por su secesionista voluntad en la parte de España en la que han instaurado un régimen basado en la exacerbación identitaria.
      Lo que vaya a ser España lo decidiremos todos, cuando lo acordemos todos y del modo previsto constitucionalmente. Eso es lealtad democrática y firmeza democratica, mi señora eurodiputada, pero la pretensión secesionista es otra cosa y peor.

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