GAROÑA: UNA OPACIDAD QUE NO ENCAJA EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA

Hemos empezado esta semana con un tema de esos que demuestran la estrecha vinculación y la importancia que tiene la normativa europea para la vida cotidiana de la gente. En este caso la Central Nuclear de Garoña y el lamentable espectáculo de opacidad que está protagonizando el gobierno español para tratar de hurtar a la opinión pública datos de un debate y una decisión que le concierne directamente. Hoy el movimiento protagonizado por el Diputado general de Álava Ramiro González ha obligado a quienes se están equivocando gravemente en este asunto, a tratar de compensar su actual e incomprensible falta de transparencia con un movimiento que viene a confirmar de medio a medio la contundente denuncia efectuada por el máximo responsable institucional alavés. Ramiro González, dicho y hecho, anunció el martes que traería aquí este problema y seis días después estaba cumpliendo su promesa.

Ya sabéis que el gabinete Rajoy parece empeñado en reabrir esta instalación nuclear, que hace años que supero la vida útil para la que estaba diseñada. Es una central construida con el mismo modelo tecnológico que la tristemente célebre de Fukushima. Las normas europeas exigen que los agentes implicados por alguno de los impactos de la central sean informados de estos procesos. Igualmente cada estado miembro debe remitir a la Comisión Europea todos los planes de inversión nuclear que se presentan. Ninguna de estas exigencias se cumple en este caso. Es más hemos llegado al ridículo, esta misma mañana, de que las “autoridades competentes” es decir el estado español hayan anunciado ya cuestiones que contiene el informe que está examinando el Consejo de seguridad Nuclear y que no se habían remitido, cometiendo una clara ilegalidad y una falta de respeto institucional que es entre vergonzosa y lamentable, a las instituciones vascas.

El tema no tiene otra explicación que la prepotencia y un talante y concepción de la autoridad no del siglo XX sino del XIX. Solo por el impacto que la central tiene sobre la población vasca, por puras razones operativas por ejemplo frente a un accidente nuclear, esta falta de transparencia podría tener repercusiones gravísimas e incurrir en responsabilidades algo más que civiles. Pese a ello hoy el nuevo delegado del gobierno español ha acreditado con su comparecencia para decir que autorizaran la reapertura de la central pero sin permitir que funcione!!!, que disponían de los datos, que no los querían compartir y que esa decisión tiene exclusivamente un motivo político: un ejercicio manifiestamente mejorable del poder. Y unos efectos: no reconocer la responsabilidad y las competencias que tienen otras instituciones plenamente concernidas por esta decisión e ignorar a los ciudadanos ante los que esas instituciones son responsables de muchos de los servicios que deberían activarse si Garoña sufre un accidente.

La comunicación del delegado del gobierno tiene su razón próxima en la comparecencia que ha realizado esta mañana en Bruselas el diputado general de Álava Ramiro González, que ya el martes se comprometió a traer a Europa una historia más del amable talante “popular” y que ha conseguido colocar esta denuncia, en el observatorio sobre transparencia nuclear organizado por un nutrido grupo de eurodiputados. Además ha incluido en su agenda contactos con los eurodiputados vascos y con responsables de medio ambiente de la Comisión Europea. Las aguas que han comenzado a agitarse hoy producirán una serie de incómodas preguntas en las próximas semanas que obligarán a las autoridades españolas a explicar lo inexplicable. Así que hoy han comenzado a hacer cosas, como esta comparecencia, para que parezca que no son tan opacos como se ha denunciado hoy aquí con toda la razón.

Porque en su ponencia, Ramiro González no solo ha comntado lo que pasa sino que ha recordado que las Directivas sobre Seguridad Nuclear Euratom de 2009 y 2014, y el propio Tratado que establecen que los Estados miembros deben facilitar la información suficiente sobre la regulación de la seguridad nuclear a la ciudadanía en general y especialmente a las partes que tengan ámbitos de competencia. Dicha directiva contempla además que se han de proporcionar las oportunidades adecuadas para que se pueda participar de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones relativo a la concesión  de licencias de instalaciones nucleares. Aquí podéis ver completa su intervención ante este foro:

 En este punto, Ramiro González ha denunciado el oscurantismo con el que está actuando el Consejo de Seguridad Nuclear, que no facilita información alguna y el hecho de que Álava, el territorio cuya población está más directamente afectada por la central, haya sido privada de cualquier oportunidad de participar en el proceso de toma de decisión. “El Gobierno que presido no ha tenido en ningún momento acceso a la información relativa a la ampliación de la vida operativa de esta central nuclear. Por tanto estamos hablando de un claro incumplimiento de las Directivas europeas. Reclamamos transparencia en los debates del Consejo de Seguridad Nuclear de España. No la ha habido”, ha aseverado.

En el mismo sentido, Ramiro González ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno español del Convenio de Aarhus, que garantiza que las autoridades públicas tengan acceso a la información y participación ambiental en defensa de los intereses de la ciudadanía. “Es inconcebible en un Estado de derecho que ni siquiera una Administración pública concernida tenga acceso a la mínima información, a pesar de haberla solicitado”, ha subrayado.

Asimismo, Ramiro González ha recordado que en un radio de 70 kilómetros de la central, viven un millón y medio de personas y que ésta se encuentra a 40 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a 60 kilómetros de Bilbao. También ha recordado que en 2011 finalizaron los 40 años de vida útil para los que fue diseñado el reactor y que la aportación de Garoña a la producción energética española era, en el momento de su cierre, de apenas un 1%. “Represento a más de 330.000 personas que en caso de accidente nuclear no podrían ser evacuadas debidamente. Esa es mi máxima responsabilidad. Garoña es un peligro para el territorio al que represento. Esta es una de mis máximas preocupaciones”, ha asegurado ante este foro internacional de expertos.

En su comparecencia, el diputado general de Álava además ha trasladado la posición de las instituciones alavesas, así como de las vascas sobre la central nuclear. Así, ha señalado que “la práctica totalidad de las instituciones vascas y alavesas así como los partidos políticos en nuestro ámbito territorial han demandado de forma clara que la central sea desmantelada”.

El primer mandatario alavés ha mostrado su malestar por la inexistencia de debates ni públicos ni políticos con todas las partes interesadas sobre la conveniencia de reabrir la central nuclear de Garoña. “Por tanto, desde la política, desde la seguridad nuclear, desde la inexistencia de un beneficio social de una reapertura, desde el principio de prevención ante un riesgo irreversible, desde la máxima preocupación hacia las personas de mi entorno, mantengo la necesidad del cierre definitivo y desmantelamiento de la Central Nuclear de Garoña”, ha apostillado, no sin antes realizar una invitación a las personas participantes en el foro a visitar Álava y conocer de cerca la realidad de la central de Garoña. Esto no ha hecho más que empezar.

 

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